La política y la justicia se han enredado de tal forma que por momentos no es fácil hacer una distinción. Se trata de dos poderes republicanos que en la Argentina mantienen una tensión extrema, con presiones por momentos insostenible. No sorprende entonces que, en este mundo de grietas y opuestos, se haya naturalizado conceptos como la "politización de la justicia" o la "judicialización de la política". Si bien el sistema de gobierno basado en la división de los poderes se propone evitar la concentración del poder público y afecte la democracia y el funcionamiento de sus instituciones, la discusión desde hace años a esta parte gira en torno al rol de los magistrados, si hay o no una "justicia militante" o jueces que ceden ante el lobby de sectores políticos o empresarios.
Este mundo en el que sobresale lo que no se ve, lo invisible a los ojos donde reinan los operadores judiciales que presionan con sutileza o sin ella a los jueces, se encuentra lejos de los ciudadanos de a pie. Sin embargo, puede influir en la vida cotidiana de la gente. Si las causas de corrupción duermen en los cajones tribunalicios, si los operadores logran neutralizar a los magistrados con sus ofertas o sus presiones, si hay chantajes sobre los funcionarios judiciales porque a través del espionaje descubren secretos o situaciones que los comprometen, entonces se perjudica la democracia y con ello a todos.
En este tablero en el que se juega el poder, los ex jueces Raúl Zaffaroni y Lucila Larrandart junto al abogado constitucionalista Eduardo Barcesat impulsan un pedido de juicio político y denuncia penal contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo a favor de las clases presenciales en la Capital Federal que, según entienden, potenció los contagios y las muertes por coronavirus. El documento de ocho páginas afirma que es muy probable que los jueces que integran el máximo tribunal no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho.
El pedido de juicio político apunta a la decisión de la Corte de avalar la decisión de las clases presenciales sin consultar a especialistas u organismos especializados en la pandemia y desautorizando al gobierno nacional como autoridad sanitaria federal. La presentación advierte que cualquier funcionario público que tomase una decisión en la emergencia, sin conocimientos científicos propios por su especialidad o, en caso contrario, sin la debida asistencia de peritos, cuando los tuviese disponibles en nivel técnico y en cantidad, es obvio que incurriría en una imprudencia gravísima.
La denuncia apunta a los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, a quienes les imputa mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato. Atento a esas figuras contempladas en el Código Penal, el planteo apunta no sólo al juicio político sino también a la intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos señalados.
El fallo de la Corte, expresa el texto, exigía una adecuada motivación, pese a lo cual la Corte Suprema no requirió el parecer de ningún perito en la materia, cuando el país cuenta con profesionales e investigadores distinguidos e incluso podía haberlo solicitado de autoridades internacionales o de la propia OMS o de la Oficina Panamericana de la Salud y de su propio Cuerpo Médico Forense, de antigua y probada capacidad técnica.
Los denunciantes aseguran que la Corte Suprema ha resuelto una cuestión epidemiológica en medio de una pandemia en un momento de brote de contagio, con un saldo diario de cerca de 30 mil personas infectadas y un promedio de 500 muertes y referido a un ámbito urbano cuyo sistema sanitario se halla prácticamente colapsado en razón de que la capacidad de atención en terapia intensiva está prácticamente agotada.
El pedido de juicio político contra cuatro jueces de la Corte Suprema ya ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados, la cual actúa como instancia acusadora y, en caso de aprobarlo por una mayoría calificada de dos tercios de sus integrantes, lo envía al Senado. La Cámara alta, en esa instancia, actúa como una suerte de tribunal de juicio. Para resolver la destitución de un magistrado también necesita de los dos tercios de los legisladores.
Es muy poco probable que este pedido avance en el Congreso, pero en realidad se inscribe en una estrategia de descalificación de la Corte en el marco de un intento kirchnerista para reconfigurar el sistema judicial de modo tal de garantizar la impunidad de varios de sus integrantes hoy comprometidos por investigaciones judiciales por corrupción.