MADRID, 24 (AFP-NA). - El gobernante Partido Popular (PP,
derecha) mantuvo durante al menos dieciocho años una contabilidad
paralela al margen de la oficial, afirmó el juez Pablo Ruz al
cerrar su instrucción sobre el caso, informó este lunes la
Audiencia Nacional, principal instancia penal española.
El magistrado, que propone abrir juicio por este caso a tres
exresponsables de la formación, así como a otras tres personas,
considera que el PP "desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino
sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito
económico legal", operando con "varios sistemas de cuentas que
registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero
al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido".
El juez Ruz considera que durante esos años el PP, que
actualmente preside el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, recibió
donaciones y realizó distintos pagos por medio de esa caja "B".
El magistrado constata la "existencia y circulación en el seno
del Partido Popular a cargo del gerente y tesorero nacional de
diversas corrientes financieras de cobros y pagos continuas en el
tiempo, al margen de la contabilidad remitida por el Tribunal de
Cuentas y sin la correspondiente declaración ante la Hacienda
Pública, integrando sistemas paralelos de funcionamiento y
gestión económica-financiera de la formación política a modo de
contabilidades opacas o cajas B.
Sin embargo, matiza que la legislación española no contemplaba
como delito la financiación ilegal de partidos en el momento de la
comisión de la irregularidades, por lo que el PP es considerado
sólo responsable civil subsidiario.
Simultáneamente, propone juzgar por delitos contra la Hacienda
Pública a los extesoreros y al antiguo gerente de la formación
conservadora, Luis Bárcenas, Alvaro Lapuerta y Cristóbal Páez, así
como a los dos responsables del estudio de arquitectos Unifica,
Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.
Este escándalo de financiación oculta, conocido como "los
papeles de Bárcenas", salpicó hasta a Rajoy, que en octubre pasado
pidió perdón por los casos de corrupción y, antes en 2013, había
reconocido haberse equivocado al confiar en Bárcenas.