Nuevamente se instaló en la agenda pública la posibilidad de que se registren saqueos a fin de año que pongan en riesgo la paz social. El fantasma de la violencia, entonces, aparece en el horizonte cercano poniendo en alerta a la clase dirigente en especial y a todos en general. En Argentina la historia siempre se empeña en repetirse o al menos amenaza con hacerlo, y nunca queda totalmente esclarecido si los movimientos se producen espontáneamente a partir de las necesidades básicas insatisfechas o por la anónima agitación de sectores políticos. 

El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, fue consultado sobre el tema el viernes pasado en sus habituales conferencias de prensa en Casa de Gobierno. Respondió que "no existe ni debe existir ninguna circunstancia que promueva el delito ni que pretenda consumar el delito en ninguna fecha en la República Argentina", al desestimar versiones periodísticas sobre supuestas medidas que adoptaría el gobierno nacional para evitar que se produzcan esos actos delictivos a fin de año. El funcionario enfatizó que "cualquier saqueo es un delito" y advirtió que "la perspectiva de eventuales presunciones o movilizaciones tendientes a producir saqueos constituye apología del delito". 

Los rumores y las declaraciones de Capitanich se producen cuando es muy fresco el recuerdo de las rebeliones de las policías provinciales en Argentina de finales de 2013 en reclamos de mejoras salariales y de condiciones de trabajo. Las protestas se replicaron en 21 provincias con epicentro en Córdoba y Tucumán, aunque también afectó Santa Fe con mayor impacto en la capital provincial y Rosario, aunque también con impacto en Rafaela donde los efectivos quemaron cubiertas frente a la Jefatura en un campamento improvisado que contó incluso con la participación de sus familias durante varios días. Algunas de las medidas consistieron en el abandono de tareas y la toma de edificios públicos, generándose así una sensación de indefensión en toda la comunidad. 

Al menos en esta ciudad, la GUR municipal debió multiplicar en esos días de diciembre del año pasado los esfuerzos y patrullajes para prevenir la posibilidad de saqueos. También hay que reconocer que la Policía, más allá de la protesta, tenía el compromiso de mantener el servicio de seguridad, aclarando que los agentes que mantenían la protesta eran aquellos que estaban de franco.

Capitanich no fue el único que salió a hablar en estos días. El diputado nacional, Mario Barletta, precandidato a gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista, Cívico y Social sorprendió con sus expresiones que, de alguna manera, son críticas al partido que gobierna la Provincia desde 2007. "Los días vividos en diciembre de 2013 con levantamientos policiales y ataques a comercios fueron muy traumáticos para los santafesinos. Se tienen que prevenir este tipo de situaciones y esto se logra si cada uno de los que tienen responsabilidades en el poder del estado hace lo que le corresponde", subrayó. 

El legislador, ante la creciente preocupación por un supuesto aumento de la tensión social, pidió a las autoridades políticas y judiciales que aceleren la investigación sobre los levantamientos del año pasado que permitan establecer las responsabilidades de los policías involucrados. "Es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia donde los sediciosos responsables del levantamiento policial no estén presos. Son los mismos grupos que ya están hablando de que a fin de año va a pasar algo similar, con grupos de policías autoconvocados y nuevos acuartelamientos. ¿Cuánto tiempo va a esperar la Justicia para procesarlos? ¿Quién hace el seguimiento de estas causas?", advirtió Barletta dejando un manto de preocupación. 

Los rumores sobre un posible enrarecimiento del clima social se producen justo cuando las centrales obreras salen a reclamar bonos salariales para compensar la pérdida del poder adquisitivo del sueldo ante el avance de la inflación, estimada en un 40 por ciento anual por las consultoras privadas que difunden sus índices a través del Congreso, más allá de que el INDEC reconoce que el aumento de los precios no pasará del 25 por ciento. Esta tasa, según el Gobierno, estaría por debajo de las recomposiciones salariales de este año. Sin embargo, si realmente la inflación anda por el 40%, entonces los argentinos perdieron poder de compra, una sensación compartida tanto por las centrales obreras opositoras como la oficialista. 

Esto nos conduce al debate sobre la indigencia y la pobreza y nuevamente al contraste de los indicadores. Mientras el Gobierno afirma que se redujeron drásticamente en la última década, el Programa Observatorio de la Deuda Social en la Universidad Católica Argentina tiene datos muy diferentes, en los que afirma que todavía muchas familias son pobres o indigentes. 

A principios de este año, el sociólogo argentino Agustín Salvia -coordinador del programa- dijo que "la pobreza experimentó una fuerte caída después de la crisis de 2002, cuando había superado el 50%, llegando a casi la mitad en 2007 donde se detuvo la baja por dos factores: se frenó la generación de puestos de trabajo y recrudeció el proceso inflacionario".