Si hay una coincidencia básica en la Argentina es que el Estado en todos sus niveles ejerce una elevadísima presión tributaria a los contribuyentes sin corresponder tal como debería a través de obras o servicios. Basta una mirada a la infraestructura para dar cuenta de la falta de inversiones en obras públicas. De tanto en tanto aparecen estudios que le ponen datos a esa voracidad del sector público por gravar la actividad económica. Por caso, en la industria automotriz se quejan de que más del 50 por ciento del valor del mercado se explica por la carga impositiva del producto. Esta situación se replica en otras ramas de la producción industrial.
En este marco, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó la semana pasada los resultados de marzo de la medición del Indice FADA, los que muestran que el 60,6% de la renta agrícola queda en manos del Estado. De este modo, cada $100 de renta (ingresos menos gastos) que genera una hectárea agrícola, $60,6 se lo llevan los distintos niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. Con respecto a la medición anterior -son trimestrales-, la actual muestra un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales.
Frente a la estabilidad del indicador, David Miazzo, economista Jefe de FADA explicó que en la medición de marzo 2019 los posibles causantes del alza fueron la caída de los precios de soja y maíz, la actualización de los impuestos como tasas viales municipales y los tributos inmobiliarios rurales provinciales junto con la suba de los costos. El especialista consideró que esos componentes parecían indicar que el indicador iba a subir, sin embargo, la esperada cosecha récord y el movimiento en el tipo de cambio impulsaron a que baje.
La renta es lo que vale la producción menos los costos, es decir, el resultado que se obtiene al restar los costos al valor a precios internacionales de la producción de esta hectárea. FADA nace desde la comunidad agroalimentaria con el objetivo de elaborar propuestas de política pública que contribuyan al desarrollo del potencial del sector agropecuario y de agroindustria, se expresó en el mensaje institucional. Con sus investigaciones y proyectos, FADA se enfoca en mejorar la calidad de vida de los argentinos con la misión prioritaria de proponer políticas que puedan generar empleo genuino en todo el país.
En este último reporte de marzo de 2019, se detalla que si se analizan los distintos cultivos, los números a nivel nacional marcan que la participación del Estado en la renta agrícola de la soja es del 65,8%, maíz 52,3%, trigo 53,5% y girasol 67,8%. Mientras el índice FADA nacional es de 60,6%, Córdoba registra un 59,3%; Buenos Aires, 63,2%; Santa Fe, 60,4%; La Pampa, 62,2% y San Luis, 58,1% sostiene.
En relación al estudio anterior correspondiente a diciembre, se observan caídas en los precios disponibles en dólares de soja y maíz. La soja cayó un 5% y el maíz un 6%; el trigo tuvo un incremento de 3% y el girasol de 1%. La caída de precios reduce la rentabilidad y ante una torta más chica, la participación del Estado crece en términos relativos, afirmó Miazzo. La actualización de las tasas viales municipales y los inmobiliarios rurales provinciales generaron un efecto de
incremento del indicador en marzo; durante 2018 se había licuado producto de la devaluación; la medición de FADA es trimestral. En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural; Buenos Aires, La Pampa y San Luis abonan Ingresos Brutos mientras que en Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. En tanto, Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras; San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.
Por último, el informe consigna que los costos de labores se han incrementado cerca de un 36% en pesos con respecto a diciembre. Al analizar la estructura de costos, según la moneda en la que se expresan, se puede identificar que un 57% de los costos de una hectárea de soja están dolarizados. Y que todo ocurre en un contexto de una pérdida sistemática de competitividad a lo largo de los últimos 10 por una inflación que va por encima de la devaluación. Como antecedente de este indicador, en marzo de 2015 FADA había señalado que el Estado se llevaba 88,6 pesos de cada 100 pesos de renta que generaba el campo. En ese informe, se destacó que "con excepción de la sequía de 2008-09, es la más alta desde la imposición de los derechos de exportación en 2002". Y en la medición de junio del 20015, la participación alcanzó su récord cuando el Estado se quedaba con 93,50 pesos de cada 100 pesos de renta que producía el campo.