Es interminable el debate sobre la dimensión que adquiere el Estado, un concepto general que hace referencia a las estructuras de los gobiernos nacional, provincial, municipal y comunal. Se trata de una organización que a nivel local nos presta distintos servicios, como la recolección de residuos o el mantenimiento de espacios públicos, a cambio del pago de tasas y derechos. También desarrolla políticas que hacen a la cultura, la seguridad, la educación, el medio ambiente y por supuesto ejecuta obras públicas. 

En el caso de la Provincia también asume distintas responsabilidades para garantizar el funcionamiento de las escuelas, de la policía y del sistema de salud pública a cambio del pago de impuestos. Y la Nación es la gran administradora de los recursos que recauda a partir de un universo de tributos que alcanzan a los consumidores (como el IVA o el que grava a los combustibles, entre tantos) y a las actividades productivas y de servicios. Después destina esa enorme masa de dinero a coparticipar entre las provincias, pagar sueldos y mantener el régimen de jubilaciones, pensiones y subsidios, además de invertir en infraestructura (como rutas o aeropuertos). 

La cuestión es qué estructura deben tener los distintos niveles del Estado para cumplir con sus obligaciones ante la ciudadanía. Uno de los problemas comunes es que los funcionarios públicos que llegan por pocos años a un cargo electoral incorporan personal a la planta permanente, muchas veces para pagar favores políticos de campaña o directamente porque funcionan como una agencia de empleo en beneficio de familiares y amigos. Las designaciones a dedo en el sector público son moneda corriente pues el salario de los nuevos estatales los paga el contribuyente cada vez que paga impuestos en un país con elevada presión fiscal. 

Así, el sobredimensionamiento de las estructuras gubernamentales constituye un vicio argentino difícil de cambiar, así como también la falta de eficiencia. A veces se ensayas promesas sobre la necesidad de reducir la cantidad de personal, pero nunca terminan de plasmarse con la fuerza suficiente. 

Esta semana el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) difundió un estudio que en él efectúa una radiografía del sector público nacional. Tras preguntarse qué cambió en el aparato estatal entre 2016 y 2018, señala que el Estado argentino está expandiendo sus fronteras de funcionamiento desde 2003. Con el gobierno de Cambiemos, el crecimiento de la estructura del sector público a nivel nacional se sostuvo.

Si bien el número de organismos bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional se mantuvo estable, el tamaño del gabinete aumentó: en 2015, se ubicó entre los más numerosos de América Latina -cercano a Ecuador y a Brasil donde hay gabinetes de coalición, y a Chile- y alcanzó un máximo histórico, advierte el informe del CIPPEC. En 2016, este crecimiento continuó con la creación de cinco nuevos ministerios, elevando la cantidad de ministerios de 18 a 22. Mientras que en 2017, con la fusión del Ministerio de Comunicaciones dentro del Ministerio de Modernización, el número se redujo a 21.

En este escenario, el gabinete presidencial de mayor tamaño se tradujo en la creación de nuevas estructuras en los niveles de secretarías y subsecretarías, que provocaron un incremento del orden del 25% en el universo de cargos políticos entre 2015 y 2017. En este período, se crearon 1.111 cargos políticos y solo 62 fueron en la estructura formal. Así, se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional lo que significó un crecimiento porcentual del 50%. La Jefatura de Gabinete de Ministros explicó el 31% del aumento, la Presidencia el 22% y el ministerio de Modernización que explicó el 11% del total de los cargos extraescalafonarios creados.

El trabajo, elaborado por Gonzalo Diéguez y José Gasparin de CIPPEC, revela que la Alta Dirección Pública, conformada por las direcciones nacionales y generales también se expandió dentro de la estructura organizacional. Entre 2015 y 2017 se crearon 121 nuevas direcciones nacionales y 16 direcciones generales, y la Alta Dirección Pública pasó de estar compuesta por 432 directivos a estar compuesta por 569. Esto representó un crecimiento absoluto de 137 cargos y un incremento relativo del 31% en el espacio directivo.

En resumen, con el cambio de gobierno los cargos políticos explicaron el crecimiento en el número de posiciones dentro de la órbita estatal, en particular, a través del fuerte incremento en los cargos fuera de nivel. 

Quizás no pocos hubieran abonado la hipótesis de que los gobernantes que estuvieron en el poder hasta 2015 fueron los grandes responsables de la ampliación de la planta de empleados o política en el Estado. En un bar de una mesa de café el debate sobre este tema tal vez se cerraría con un "son todos iguales" cuando están en el gobierno.