Incertidumbre define con exactitud la percepción de los argentinos ante un 2023 complejo en el que la principal preocupación social reside en la inflación que se mantiene en niveles elevados y determina el avance de la pobreza, más allá de que el Gobierno elija relato mediante destacar la creación de empleo registrado o aumentos sostenidos en materia de producción. A esas estadísticas positivas se oponen radiografías del estado de la Nación que alarman, como la pobreza creciente y la pauperización incluso de sectores que tienen un trabajo registrado. La movilidad social descendente es la que se observa por estos días, con cada vez más personas requiriendo la ayuda estatal o de organizaciones gubernamentales para acceder a un plato de comida.
En este escenario, un informe presentado por Unicef en base a datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares reveló que dos de cada tres niñas y niños de Argentina (66%) son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso a la educación, a una vivienda y a condiciones de agua o hábitat seguros. La magnitud y persistencia de la pobreza generan la necesidad urgente de proteger las partidas presupuestarias destinadas a infancia y adolescencia, afirmó Luisa Brumana, representante de Unicef Argentina.
De acuerdo al reporte, son aproximadamente 8,8 millones las niñas y los niños que experimentan carencias monetarias o de algunos de los derechos fundamentales considerados en la EPH. Además, 3,7 millones enfrentan ambos tipos de privaciones simultáneamente: es decir, 3 de cada 10 chicas y chicos viven en hogares con ingresos insuficientes y, al mismo tiempo, tienen al menos un derecho básico vulnerado. Esta situación, que refleja el núcleo más duro de la pobreza, se mantiene desde hace más de seis años, se advierte en el estudio denominado ‘Pobreza monetaria y privaciones no monetarias en niñas, niños y adolescentes en Argentina’.
Este cuadro de situación alarmante puede empeorar si estalla la bomba que hay en la economía. Al respecto, hay una resonante discusión entre el oficialismo y la oposición en torno a la acumulación de deuda pública según indicó el Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa). Las polémicas giran en torno a su sostenibilidad, es decir, si es un nivel que el Estado está en condiciones de afrontar o, por el contrario, constituye una “bomba” que no se podrá pagar. Este último escenario deriva, fatalmente, en una reprogramación no voluntaria o una licuación de su valor real a través de un golpe inflacionario. El momento de la explosión de la “bomba” no es trivial desde el punto de vista político porque implica hacerse cargo de sus costos sociales, esto es mayor pobreza, y productivos.
La lógica subyacente en esta polémica es que el que generó la deuda debería hacerse cargo frente a la sociedad por sus consecuencias. En la exagerada carga pasional y dialéctica prevaleciente se pierde de vista que la deuda no es un fenómeno exógeno, sino una consecuencia directa de la acumulación de déficits fiscales en el pasado. No hay deuda sin que previamente haya habido déficits fiscales.
En está perspectiva, se puede evaluar, de manera objetiva, la contribución que hicieron los últimos tres gobiernos a la expansión de la deuda pública. Según datos del Ministerio de Economía se observa que entre los años 2012 y 2015 el déficit fiscal fue de 2,9% del PBI promedio anual; entre el 2016 y el 2019 el déficit fiscal fue de 5,1% del PBI promedio anual y entre el 2020 y el 2022 fue de 5,6% del PBI promedio anual. Estos datos muestran que, en materia de generación de déficits fiscales –que son los que alimentan la deuda pública– no hubo “grieta”, afirma Idesa.
Por eso, mucho más conducente que polemizar sobre quién endeudó más o a quién le debería estallar la “bomba” es delinear una estrategia de ordenamiento integral del Estado, concluye la consultora.