El acceso o no a internet se presenta hoy como un factor esencial para determinar el destino de las personas, y de los pueblos. En tiempos de la revolución digital, estar en ese nuevo mundo o quedarse relegado marcará inevitablemente un escenario con incluidos y excluidos. Argentina, con todos sus desequilibrios, no se encuentran en el lote de los países mejor preparados para garantizar el bienestar de toda su gente. Al contrario, la mitad de sus habitantes se encuentra por debajo de la línea de la pobreza sin que la clase gobernante, hoy sonriente en busca lograr la adhesión de los votantes, se muestre decidida a modificar la situación de crisis. La grieta de los funcionarios y políticos muy bien rentados con los fondos de los contribuyentes, muchos de ellos empobrecidos, parece que divide a la clase dirigente. Pero puede que esa grieta sea más grande entre una casta política con privilegios para vacunarse o hacer fiestas clandestinas con total impunidad mientras el resto debía aislarse a riesgo de ser multado, condenado, encarcelado.
Un reciente informe del Banco Mundial asegura que la crisis provocada por la Covid-19 ha afectado a América Latina con más fuerza que a cualquier otra región del mundo y ha puesto de relieve la necesidad de una recuperación resiliente e inclusiva. Un mayor acceso digital, en apoyo de la educación a distancia, las transferencias de efectivo digitales, la telemedicina y los servicios públicos en línea, es la piedra angular de esta agenda y requiere políticas ambiciosas y un programa de regulaciones, así como mayores inversiones en infraestructura.
Los argumentos a favor del acceso digital son claros, dice el informe. La digitalización impulsa la inclusión social y financiera, así como los resultados en materia de aprendizaje y salud. Actualmente, casi la mitad de la población adulta de la región no está bancarizada. Unos 170 millones de estudiantes en toda la región se vieron afectados por el cierre de escuelas durante la pandemia. Y el 71 % de los países experimentó interrupciones en la prestación de atención para enfermedades no transmisibles durante los primeros meses de la crisis provocada por la Covid-19.
Pero los desafíos son sustanciales: la cobertura deficiente y desigual, junto con los altos costos de los datos y dispositivos, continúan obstaculizando el acceso digital. En la actualidad, menos del 50 % de la población de América Latina y el Caribe tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9 % cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87% de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos (37%). Y solo 4 de cada 10 latinoamericanos de zonas rurales tienen opciones de conectividad en comparación con el 71 % de la población de zonas urbanas.
Los planes de datos y los dispositivos con internet no son asequibles para las personas pobres de la región . En promedio, el costo de un plan de datos de solo 1GB representa el 2,7 % del ingreso familiar mensual (o entre el 8 % y el 10 % para el quintil inferior en algunos países), muy por encima del umbral de asequibilidad del 2 % de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Además, el costo del teléfono inteligente básico más barato disponible representa entre el 4 % y el 12 % del ingreso familiar promedio en gran parte de la región.
Por tanto, enfrentar la brecha digital es urgente y requerirá acciones de políticas para reducir los costos, ampliar el acceso e incentivar una mayor participación ciudadana y del sector privado, en especial en cuatro áreas.