En los últimos dos años el plantel de empleados públicos tuvo una expansión de 230.000 puestos de trabajo, y se mantiene en pleno crecimiento, buscando de esa manera reemplazar de alguna manera la menor creación de empleo del sector privado, que viene en baja desde hace tiempo. De esta manera, se trata de un factor que impacta con fuerza en el alza del gasto público, que es justamente una de las razones que tiene marcada influencia para que el desequilibrio fiscal sea cada vez más significativo.

En varias provincias de poca población y recursos muy acotados, donde por lo tanto el empleo privado es escaso, al menos el 35% del total de los asalariados corresponde al sector público en sus distintos niveles. Al frente de esta ranking se encuentra la provincia de Santa Cruz donde el 48% de los trabajadores corresponde a la esfera estatal, escalándose luego La Rioja con 47.1%, Catamarca 44.6, Chaco 38.5, Formosa 38.1, Santiago del Estero 37,  Jujuy 3.9, Neuquén 35.6, Tierra del Fuego 35.4,  La Pampa 35.3, Entre Ríos 34.6 y Corrientes 30.9% completando los doce distritos que están por encima del 30 por ciento. Después siguen Tucumán con 29.2%, San Luis también con 29.2,  Salta 28.4, Chubut 28, Río Negro 26.9, Mendoza 26.8, Misiones 25.8, San Juan 24.9, ciudad de Buenos Aires 22.3, Santa Fe 18.8, al igual Buenos Aires 18.8 y Córdoba cierra con 16.8%.

El promedio de empleados estatales para todo el país es de 3 millones de trabajadores, significando el 23,3%, razón por la cual uno de cada cuatro trabajadores depende del Estado nacional, de las provincias o de los municipios. Aunque si se hace el desagregado, tenemos algunas perspectivas aún más preocupantes, como los casos de la patagónica Santa Cruz y La Rioja, donde se encuentran casi en igualdad de condiciones, un trabajador público por cada uno privado.

Si se agregan datos del Ministerio de Economía, como no todos los trabajadores públicos son efectivos, ya que aumentaron notoriamente los encuadrados como transitorios, la cantidad de dependientes se eleva a 3,3 millones, con lo cual también en la franja pública aparece un alto porcentaje de precarizados, y además, en muchos casos de provincias o municipios con sueldos muy por debajo del promedio nacional.

Estas estadísticas se encuentran sustentadas en números oficiales, donde tenemos que el 24% del total corresponde a empleados públicos, pero si en cambio se excluyen los trabajadores en negro, entonces tenemos que esa cifra se elevada al 30%, es decir, de empleados regularizados 1 de cada 3 corresponde al área pública.

Uno de los impactos más fuertes en materia de incorporaciones, en lo que hace a un solo distrito, se produjo en la ciudad de Buenos Aires, cuando el Estado nacional en sólo dos años -tomando como base 2010- incorporó 40.000 empleados, pasando de 447.716 a 486.194 agentes, mientras que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires creó casi 5.000 empleos, pasando de 130.655 a 135.176, lo que además de exponer la desmedida cantidad de nuevo personal que ingresó a las áreas nacional y comunal de la ciudad más grande del país en muy poco tiempo, allí se concentran nada menos que 621.370 agentes, según datos de fines de diciembre de 2012, lo que a esta altura puede haber aumentado. Otros distritos que también fueron motorizadores de esta gran expansión que va teniendo el empleo público en estos últimos dos años fueron Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Catamarca.

Es de esta manera que la mayoría de los presupuestos públicos se encuentran atados al pago de los salarios, quedando postergadas las obras y otros emprendimientos, todo lo cual es consecuencia del cada vez más restringido reparto que se hace de la coparticipación nacional, generándose entonces una directa dependencia con el gobierno nacional, desde donde se definen las asistencias para obras públicas, metodología que es rechazada desde muchos sectores, ya que la misma incentiva una forma de práctica sostenida en el favoritismo.

Un dato a tener en cuenta es que la mayoría de la incorporación de personal al área estatal no fue para las actividades productivas sino para sectores de servicios, en áreas sociales, educativas y relacionadas con la salud, contrastando cuando en los años 2001-2002 en plena crisis, el mayor empleo público se debió a la efectivización de planes de empleo.