El productor agropecuario aporta el campo, compra la semilla, trabaja intensamente para preparar la tierra y sembrar, invierte para proteger el cultivo y luego paga por los servicios de cosecha y la logística. Pero al final del proceso, en el que arriesgó buena parte de su capital y pidió al cielo para que el tiempo acompañe, gana menos plata que el Estado por su actividad. Es decir, cuando al término de la campaña percibe el dinero viene un tipo de saco y corbata y se queda con más de la mitad de esa suma que tenía en la mano. Este sería el resumen del estudio técnico que presentó esta semana la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en el que consigna que el 56,4% de la renta agrícola se distribuye en distintos niveles del Estado, por lo que de cada $100 que genera el campo, $56,4 van a los gobiernos municipal, provincial o nacional, según la medición de septiembre En el estudio que dio origen al último Indice FADA trimestral, la renta es entendida como el resultado del valor de la producción menos los costos.
El economista Jefe de FADA, David Miazzo, explicó que las variables que entran en juego en el movimiento del índice son principalmente el precio, el tipo de cambio, los costos y los rindes. Sobre la distribución de lo que se queda el Estado, aclaró que ese 56,4% de participación del Estado está compuesto por impuestos nacionales, provinciales y municipales, algunos coparticipables y otros no. Al profundizar el análisis, sostuvo que los impuestos nacionales no coparticipables conforman el 55,7% del total de impuestos que afronta una hectárea agrícola en Argentina y son, principalmente, los derechos de exportación, a los que se le suma el tributo a los créditos y débitos bancarios. En tanto, los tributos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales son el 38,6% de los impuestos medidos.
De acuerdo al reporte, la mayor parte la ocupa el impuesto a las ganancias y el IVA, las provincias reciben parte del 38,6% como coparticipación y también recaudan diversos impuestos. Así, los impuestos provinciales son el 4,9% de los totales y los tributos municipales conforman el 0,8% en el Índice FADA promedio nacional. El componente central de los impuestos municipales son las tasas viales.
En tanto, el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 56,4%, la participación del Estado en soja es del 62,1%, en maíz, 48,9%; en trigo, 43,9% y en girasol, 61,1%. Las diferencias entre cada cultivo radican en los impuestos, como el caso de soja que tiene 18% más de derechos de exportación que el resto y en la renta que genera cada cultivo ya que a menor rentabilidad, mayor participación relativa de los impuestos.
Con respecto a junio de 2019, FADA observó mejoras en los precios de soja y trigo y reducción sustancial en los de maíz. El valor disponible del maíz pasó de 171 US$ por tonelada a US$ 132, entre junio y septiembre de 2019, una caída del 22,8%: en el caso del trigo la mejora fue del 1,4%, mientras que soja ganó un 3,9% y girasol un 11,6%.
Así, el Estado es el socio principal del campo cuando hay ganancias aunque no aporta capital, ni trabajo ni riesgo en el inicio de la campaña. Como será la fortaleza del sector agropecuario argentino que a pesar de que el Estado se queda con la parte del león tiene el suficiente impulso para continuar siendo uno de los motores de la economía, que está visto no alcanza para dinamizar todas las cadenas.
Si bien la última cosecha alcanzó niveles récords, el proceso electoral ha generado como en tantos otros sectores económicos y productivos cierta incertidumbre que recorta en cierta medida las expectativas respecto al futuro, más teniendo en cuenta la crisis que lleva un año y medio sin que asome el final del túnel. El resultado de las elecciones primarias, que otorgó la condición de máximo favorito de ganar el 27 de octubre al espacio político que registró una áspera confrontación con el sector agropecuario en 2008 inhibe el entusiasmo y se transforma en prudencia e incluso temor. El interrogante que gira en torno al resultado electoral es qué tipo de política agropecuaria se desplegará en 2020 con un Estado necesitadísimo de recursos para cubrir su déficit.
Una brusca caída de los niveles de actividad inmobiliaria rural se evidencia ya que los campos se demoran en vender por la actual incertidumbre política. Desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales puntualizaron que a partir de las PASO la caída fue muy pronunciada, la actividad cayó un 34% en agosto respecto de julio. El clima político y la falta de certeza para el futuro impacta negativa y sustancialmente los negocios en tierras que son a largo plazo, se indicó. Es un síntoma preocupante sobre el no saber qué puede pasar con el país.