Al ingresar el sitio web del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, se puede leer el siguiente mensaje: "Trabajamos junto a las provincias por una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todos los argentinos". ¿Se trata de un muy buen eslogan? ¿Es apenas una expresión de deseos? ¿O es una declaración de principios que refleja tanto la filosofía como la acción de la cartera educativa en el territorio?

La realidad devuelve, como un espejo, una imagen deteriorada del sistema educativo y disociada de esa consigna que el Ministerio enarbola en su plataforma en internet. Se escribe bonito en la web sobre los objetivos de la gestión del "deber ser" en materia de educativa. Pero poco se dice de la distancia existente entre el "deber ser" y lo que realmente "es" el universo de las escuelas.

El renovado conflicto docente a partir de la falta de acuerdo en torno al aumento de salarios desnuda una vez más las graves falencias de todo el sistema. Incluso se encuentran situaciones curiosas, como que una de las Secretarías se denomina de Innovación y Calidad Educativa. Raro este concepto de innovación en las escuelas cuando los maestros siguen usando tiza y pizarrón para enseñar.

En este escenario, la decisión del Gobierno nacional de no fijar un porcentaje de referencia para encausar la discusión salarial con los gremios fue el inicio de este nuevo conflicto. Un error de cálculo (político) de las máximas autoridades educativas.

Claro está que con gremios reclamando incrementos de sueldos del orden del 30 por ciento y gobiernos provinciales que ofrecen menos del 20 por ciento no hay posibilidades de negociar, pues las distancias son demasiado amplias. La confesión de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, de que la provincia que administra está fundida es un factor a considerar. Fue un llamado a la solidaridad docente y al mismo tiempo un acto de sinceridad preocupante.

CTERA, un gremio de maestros que solo aparece de vez en cuando pues las discusiones salariales están supeditadas a sindicatos provinciales y gobernadores, exige al Ministerio de Educación de la Nación un porcentaje de referencia. Pero el ministro Esteban Bullrich no cede, lo que profundiza la crisis. Se insiste en que el diálogo es la solución, pero en realidad la 'guita' es la única que puede arreglar las cosas.

La Provincia de Santa Fe no arriesgó demasiado cuando ofertó a los maestros un aumento salarial del 19,5%. Y entonces los chicos nuevamente son los grandes perdedores de este conflicto ya tradicional en el inicio de cada ciclo lectivo. El Gobierno nacional de Cambiemos llegó para cambiar muchas cosas, pero en lo que hace a educación al parecer padece un déficit de atención. Faltó gestión para avisar que no daría ese porcentaje de referencia para negociar paritarias en todo el país.

Por tanto, el 2017 será otro año en el que no se alcanzarán los 180 días de clases que exige, desde 2003, la ley 25.864, y será el quinto año consecutivo que no se avanzará hacia la meta de 190 que acordó, en 2011, el Consejo Federal de Educación mediante su resolución 165. No hay que llegar al extremo de la provincia de Tierra del Fuego donde las clases arrancaron, el año pasado, a fines de mayo. En el caso de Santa Fe, en 2016 los alumnos fueron a la escuela 165 días, es decir estuvieron por debajo de lo que establece la ley.

Las tensiones en el sistema educativo con base en escuelas públicas genera una migración de alumnos hacia los colegios de gestión privada. Un reciente informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) advierte que la fuga de las familias enviando sus hijos a escuelas privadas es persistente. "Si bien el fenómeno responde a muchos factores, uno muy importante es la intensificación de las huelgas ocurridas a partir de la intromisión del Ministerio de Educación nacional fijando salarios que luego tienen que ser pagados por las provincias. Volver al esquema en el que cada provincia fije el salario de sus docentes es un primer paso para revertir la decadencia de las escuelas estatales", sostiene.

"La educación básica de la Argentina es provista por 24 sistemas administrados por cada una de las provincias que conforman el país. Este diseño no es fruto de decisiones recientes (como frecuentemente se afirma que la descentralización de las escuelas ocurrió en las décadas del ’70 y el ’90). Es una definición que adoptaron los constituyentes de 1853 que, además de establecer la organización federal, fijaron explícitamente en el artículo 5° de la Constitución que cada provincia administrará la educación básica de su territorio", agrega.

De todos modos, en la Argentina actual todo es más complejo de lo que parece. Y el conflicto ahora sólo depende de que los gobiernos acepten mejorar sus ofertas de aumentos salariales. Funcionarios y maestros gremialistas por ahora están en deuda con los chicos.