Ordenar y planificar el tránsito a partir de una política integral diseñada por especialistas y en lo posible consensuada con las organizaciones de la sociedad civil es el desafío de toda ciudad. La problemática del tránsito no es solo de Rafaela, pero si vivimos en esta ciudad el reclamo es justo hacia las autoridades municipales, tanto del Departamento Ejecutivo como del Concejo Municipal. Si bien los primeros tienen quizás la mayor responsabilidad en la gestión y el desarrollo de propuestas, los legisladores ciudadanos no pueden hacerse los distraídos, su rol no solo es controlar los actos de gobierno, dar respuestas a las demandas de los vecinos sino también generar y proponer soluciones. 
A esta altura, tal vez, sea necesario en Rafaela crear un espacio participativo y abierto de discusión en materia de tránsito. Funcionarios y concejales, empresas de transporte, representantes del comercio y de asociaciones profesionales entre otros deben sumar para enfrentar un problema de magnitud. Un plan de tránsito no debe ser cuestión de unos pocos funcionarios en una oficina sino que debe someterse a la mirada pública desde el mismo momento de la concepción.  
El orden y la paz en el tránsito no será posible con una campañita de educación vial que tiene acciones aisladas, una charlita por acá o por allá, que implica un esfuerzo inútil. En principio, Quien Pierde? se presenta como una iniciativa de la Municipalidad de Rafaela muy similar a Precios Justos del Gobierno nacional, que no obtiene resultados positivos en la práctica sino solo se trata de una bandera política que permite a un funcionario decir que se está ocupando del problema con medidas específicas.  
A la escasa acción municipal en materia de tránsito, se suma la actitud de conductores de bicicletas, motos, autos y camiones en nuestras calles que parecen tener su propio reglamento, sin atender al marco normativo que establecen derechos y obligaciones a través de ordenanzas y leyes. Somos, en ocasiones, inmaduros, irresponsables e incompetentes que nos enamoramos del acelerador y nos peleamos con el freno o la luz de giro, a la vez que desconocemos al prójimo en la calle y no le concedemos el paso antes que nosotros. No se pretende generalizar, porque hay rafaelinos y rafaelinas que procuran respetar las normas de tránsito para no poner en riesgo la vida propia ni de nadie. 
De alguna manera, se requiere un nuevo contrato social en el que todos nos comprometamos a ser mejores a la hora de conducirnos en la vía pública. Como conductores o peatones, necesitamos ajustarnos a las reglas, pero desde el poder público se requiere una política de tránsito que incluya la infraestructura, el control y la sanción entre otras variables. 
Descentralizar el Estado municipal, la planificación del crecimiento urbano, la promoción del transporte público y la movilidad no motorizada también es parte de mejorar el orden del tránsito. 
Y todavía más, no alcanza con un plan urbano para avanzar hacia una ciudad con mayor seguridad vial sino que es necesario armonizar medidas con las localidades vecinas y de toda la región. Lo ideal sería que la ciudad, la Provincia y todo el país tengan el mismo idioma, lenguaje y reglamento para los asuntos del tránsito. 
En la actualidad, no hay suficiente infraestructura, no hay responsabilidad al volante, no hay prevención y no hay control ni sanción. Lo que cambia es la cantidad de autos y motos, mientras que la red vial continúa sin grandes modificaciones. Se anuncian reformas en el sistema de minibuses, pero no se implementan. Se anuncia la extensión de ciclovías o ciclocarriles, pero no hay avances significativos. Además, se observan son transgresiones constantes por parte de los conductores a las normas de estacionamiento, respeto de los semáforos, sentido de la circulación, velocidad y sendas de ciclistas, muchas veces ante la mirada impasible de las autoridades de control. 
Está claro que impera una cultura que cuestiona las leyes. Pero urge generar acciones que se traduzcan en buenas prácticas de seguridad vial.