"La política de desendeudamiento es otro eslabón que atenta contra la inversión, el crecimiento y el desarrollo", advirtió la consultora Economía & Regiones en su último informe semanal. En el documento se explica que la política de desendeudamiento implica que el Gobierno nacional toma la decisión de seguir aislado del sistema financiero internacional y de los organismos multilaterales de crédito, desaprovechando la actual coyuntura de tasas bajísimas de largo plazo para financiar inversión. Es decir, a través que de la política de desendeudamiento, el Estado descarta la alternativa de atraer ahorro del resto del mundo, de endeudarse barato a largo plazo, de invertir en obras de infraestructura, de invertir en la producción de energía energética, a través de sus empresas públicas, que funcionarían como multiplicador de la inversión privada y total. La inversión en producción, transporte, distribución de energía (petróleo, gas y electricidad), construcción de puertos, carreteras y trenes potencian la inversión privada y total.
Si el Estado paga sus vencimientos de deuda en dólares con reservas (que compra con emisión) y sus vencimientos en pesos con emisión monetaria del Central y a su vez, aplica una política fiscal expansiva (desahorro) que también financia con emisión implícitamente descarta la posibilidad de financiar inversión pública con ahorro genuino.
El Estado Nacional argentino busca aumentar su peso relativo en la economía pero no lo hace con financiamiento genuino. Por el contrario, su incremento de peso relativo es financiado con recursos no genuinos. Puntualmente, en el período entre 2007 y 2012 el sector público nacional (SPN) habría recibido $ 294.585 millones en concepto de financiamiento extraordinario proveniente del BCRA y el ANSES, lo cual equivale a casi 10 años de inversión pública nacional ($ 32.000 millones) e inversión pública provincial ($ 34.000 millones), casi 4 años del gasto en personal nacional ($ 82.000 millones) y aproximadamente un año y medio de jubilaciones ($ 200.000 millones).
A nivel macroeconómico, el peso relativo del gasto en términos del producto y la presión tributaria se encuentran a niveles récord. De hecho, la presión tributaria ha aumentado 12 puntos porcentuales en los últimos 11 años, lo que desalienta la inversión del sector privado y fomenta la fuga de capitales.
Además, el monitoreo de los costos, el control de precios, las trabas a las importaciones y al pago (reinversión compulsiva) de los dividendos los desalientan los flujos de inversión extranjera directa (IED). En la actualidad Argentina ocupa el 9º puesto en materia de IED dentro de Sudamérica, lo que lógicamente tiene sus consecuencias. Puntualmente y comparando el período 2002/2011 con 1992/2001, se observa que Argentina (-33%) y Venezuela (-93%) son los dos únicos países de Sudamérica que experimentaron un descenso en los flujos de IED. Por el contrario, los otros ocho países vecinos registraron un incremento exponencial de la IED, que aumentó entre un 52% y 708%.
La menor inversión impacta negativamente en la demanda de trabajo. La tasa de crecimiento de la inversión ya está reduciéndose y la generación de empleo ya se encuentra en retroceso. La inversión bruta interna fija (IBIF) habría sido la variable que más se desaceleró, ya que se incrementó sólo un 2,8% en el primer trimestre del año en relación a igual período de 2011; mientras que el año pasado lo hacía a una tasa promedio de 16,6%, según la misma fuente.