El gobierno aguardaría el regreso de Cristina Fernández tras su
operación, ya superados los comicios, para decidir si empieza a
aplicar remedios amargos aparentemente inevitables con el fin de
resolver inconsistencias capaces de erosionar las bases del modelo
económico.
La alternativa sería tratar de estirar la toma de decisiones de
fondo y dejarle una olla de agua hirviendo a la próxima
administración, pero esa lógica no respondería a las dotes de
estadista con las que espera ser recordada la presidenta.
La jefa de Estado ya dijo que no ajustará ni devaluará, pero la
realidad es que el ajuste y la depreciación del peso se están
dando de facto, por la inflación y la disparada del dólar blue, y
ya son varios en el gobierno los que piensan que sería mejor
administrar desde el poder político cómo se aplican los
"correctivos" -para usar un término de moda- antes de que el
mercado obligue a formalizarlos todos de una vez.
Al paso que van las reservas del Banco Central, quedarán poco y
nada de dólares para el gobierno que asuma en diciembre de 2015.
Es que el uso de reservas para el pago de la deuda y el
financiamiento del Tesoro nacional deterioró el patrimonio del
Central.
El organismo cuenta con más títulos públicos que reservas
internacionales por primera vez en dos décadas.
A esto se suma que éstas representan menos de la tercera parte
de los activos que tiene la entidad.
Los ahorros en dólares del Central cayeron de los u$s 52.000
millones a los u$s 34.000 millones en sólo tres años, mientras que
las letras intransferibles entregadas por el Tesoro al organismo
ya suman casi u$s 43.000 millones.
Sin reservas monetarias, cualquier presidente estaría atado de
pies y manos, como ya se demostró durante el gobierno de Raúl
Alfonsín, quien debió ceder el poder en forma anticipada en 1989
en medio de una hiperinflación y el agotamiento de fondos en el
Central.
Hasta ahora la estrategia cristinista ha sido patear los
problemas para adelante, mientras se van amontonando dificultades
estructurales en la ecuación económica.
A la hora de pensar en los cambios, un dato llama la atención
en los mercados: el aumento de las acciones de las compañías
energéticas, que en el caso de Edenor llegó al 230 por ciento en
los últimos dos meses.
La información que manejan los hombres de negocios es que el
gobierno se dispondría a iniciar un reacomodamiento tarifario con
el fin de achicar los enormes subsidios a la energía.
Esto permitiría a las distribuidoras volver a ganar plata, algo
que casi no ocurre desde la pesificación de tarifas con insumos
dolarizados, y por eso sus acciones suben.
El gobierno ya lo intentó hace dos años, cuando planteó
eliminar los subsidios a las tarifas de electricidad y gas.
La intención duró un suspiro, porque la reacción inmediata en
el Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA), que representan unos 20
millones de ciudadanos, hizo sentir el descontento al gobierno,
que se asustó y rebobinó con rapidez.
Para tener una idea del costo político de una medida que parece
inevitable, si no existieran los subsidios los vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires y del conurbano pagarían cuatro veces más
por las tarifas de luz y gas.
Sería un golpe muy duro eliminarlas de cuajo, en especial para
el principal sustento electoral del gobierno, las barriadas pobres
del conurbano, que ya vienen sufriendo una inflación que no
afloja, del 25 por ciento, y licúa los planes sociales.
El gobierno necesitará entre 13.000 y 15.000 millones de
dólares para importar gas y petróleo el año próximo, pero no los
tiene.
Por eso, el remedio amargo se deberá comenzar a aplicar en
algún momento, ya que las arcas del Estado están exhaustas, y la
emisión monetaria del Banco Central sólo está generando más
presión sobre precios y dólar, que cerró antes de las elecciones a
10,15 pesos en el mercado paralelo, ampliando a más del 70 por
ciento la brecha con la cotización oficial.
El gobierno ya eliminó los subsidios a la energía en los
barrios de alto poder adquisitivo de la Ciudad y en los countries
de todo el país, pero con eso no alcanza para atenuar el impacto
de esta herramienta en las cuentas públicas, que vienen arrojando
resultados deficitarios.
Otro de los problemas en un escenario de inconsistencias varias
está vinculado con la cotización del dólar.
Hace dos años que se viene intentando disimular lo que ya es
obvio hasta para los principales fanáticos del modelo: algo hay
que hacer con el mercado de cambios, porque está generando
distorsiones evidentes que presionan aún más sobre los precios.
El problema es qué hacer, y el hecho de que no habría
uniformidad de criterio en el poder -ni tampoco demasiadas ideas-,
de cómo salir del cepo cambiario.
De los laberintos se sale por arriba, es una frase que suele
utilizarse, pero que no aplicaría para la encerrona en la que está
la Casa Rosada luego de haberse encerrado en una jaula y arrojado
la llave demasiado lejos.
Por ello, es de esperar un ajuste del torniquete sobre la
prohibición de atesorar divisas y tal vez un aumento del recargo
para usar la tarjeta de crédito en el exterior, ahora en el 20%,
por lo que los argentinos deberían prepararse para veranear en el
país, que por suerte tiene destinos de sobra para el disfrute y el
descanso.
Pero mantener el cepo sólo profundizará la crisis cambiaria y
mantendrá en recesión al mercado inmobiliario, además de complicar
aún más las importaciones industriales, lo cual difícilmente pueda
ser compensado por los planes Procrear.
Uno de los principales problemas del modelo es la escasez de
divisas para seguir financiando la actividad, mientras desde el
exterior aconsejan no traer divisas al país al menos hasta que
concluya la administración de Cristina Fernández.
Los dólares del complejo sojero se usan para importar
combustibles por la caída de la producción de petróleo y gas,
mientras el Central emite para cubrir el déficit, en un escenario
de pérdida de reservas por 9.000 millones de dólares en lo que va
del año.
Un punto de coincidencia entre el Gobierno, los empresarios y
los analistas es que no apuestan a una devaluación brusca del peso
sino a que el Central continuará con la política de los últimos
meses de atar la suba del dólar oficial a la inflación, o un poco
por encima.
El mundo de los negocios espera que el escenario emergente tras
las legislativas sea de modificaciones en la política cambiaria y
la gente aguarda un descenso de la inflación y una reanimación de
la economía que permita volver a generar empleo.
Las expectativas son altas y hay coincidencia en que dos años
son demasiado tiempo para arriesgarse a hacer la plancha.