No es novedad que en la Argentina, los distintos gobiernos siempre gastaron más plata de lo que ingresaba a la caja pública. Por tanto, tanta deuda acumulada no es una rareza sino una normalidad en términos históricos, pero no deja de ser cierto también que se convierte en una mochila muy pesada que retrasa el crecimiento y el desarrollo, postergando a millones de argentinos a la pobreza. Si el año pasado se destacó que se había logrado algún precario equilibrio entre ingresos y egresos del Estado nacional, duró muy poco, como el verano.
Las cuentas públicas arrojaron un déficit financiero de $ 90.818 millones en enero último y también quedaron en rojo a nivel primario, antes del pago de deuda, en $ 3.766 millones. En enero del año anterior se había alcanzado un excedente primario de $ 16.658 millones. Así lo indicó el Ministerio de Economía, al explicar que el desequilibrio fiscal "se debe mayormente al impulso de la inversión social: la movilidad del 8,74% otorgada para prestaciones sociales, el bono de $5.000 para 4,5 millones de jubilados y pensionados y la puesta en marcha del programa de tarjetas alimentarias en el marco del Plan Argentina contra el Hambre".
Recientemente, el Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa) presentó un informe en el que remarca que la
Argentina acumula 60 años de déficit fiscal. En tal sentido, señaló que el gobierno celebró que el personal del Fondo Monetario Internacional (FMI) que visitó la Argentina haya declarado que la deuda pública es impagable. Y que muchos medios de comunicación, incluso, tomaron esta declaración como un respaldo del FMI al país de cara a la renegociación de la deuda con los acreedores privados y a la posibilidad de aplicar quitas en una eventual reprogramación. Textualmente, el documento dice “… el personal del FMI evalúa que la deuda de Argentina es insostenible. Específicamente, el superávit primario que se necesita para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un crecimiento potencial satisfactorio no es económica ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere una operación de deuda definitiva que genere una contribución significativa de los acreedores privados para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda.” Después desde la consultora se preguntan cuáles son los fundamentos y las implicancias de la afirmación del FMI.
Para indagar en las respuestas sirven los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre resultado fiscal de la Nación y las provincias en el largo plazo, que permite observar que entre 1961 y el 2002 en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180% del PBI. Además, que entre el 2003 y el 2008 estuvieron los únicos años de superávit fiscal totalizando en el acumulado el equivalente a 7% del PBI. Y finalmente que desde el 2009 hasta el 2019 volvieron a ser todos años de déficit fiscal acumulándose desequilibrios por otro 40% del PBI.
En este escenario, Estos datos muestran que en las 4 últimas décadas del siglo pasado se acumularon déficits fiscales por el orden de 2 veces el PBI. A comienzos del presente siglo, la contabilidad pública muestra un modesto superávit, que se esfumaría si se contabilizaran los juicios previsionales por no aplicación de la movilidad (parte de este gasto se hizo explícito luego con la reparación histórica). Además, se dio en el marco de una grosera licuación de gasto público producido por la mega-devaluación del 2002, precios internacionales históricamente elevados y cesación de pagos de la deuda pública. Más sugerente aún es que, superada la crisis, rápidamente el déficit fiscal volvió a aparecer. Con el agravante que se acumuló otra década de desequilibrios fiscales por una magnitud equivalente a la mitad de la economía, pero con una presión tributaria récord.
Ante estas contundentes evidencias, la declaración del personal del FMI, más que un respaldo al gobierno, es un acto de resignación, puntualiza el informe con dolorosa crudeza. Que durante más de medio siglo, en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación, el factor común haya sido gastar por encima de los ingresos demuestra que el déficit fiscal es una “Política de Estado”, advierte. En gran parte de la sociedad prevalece el consenso de que el Estado puede gastar más de lo que dispone y cualquier acción tendiente a equilibrar las cuentas públicas implica inaceptables costos sociales. Esto es lo que el personal del FMI denominó “la no factibilidad política” de equilibrar al Estado, apunta.
La conclusión inevitable, por tanto, es que el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Lo más importante que está diciendo el FMI es que la Argentina no tiene capacidad política para ordenar su sector público. Fue, es y seguirá siendo deficitario y, por lo tanto, no es un país merecedor de acceso al crédito, por lo que bajo estas condiciones, Idesa considera que solo queda el financiamiento vía emisión inflacionaria lo que garantiza la persistencia de la decadencia.