Si la inflación constituye uno de los problemas sin soluciones a la vista en la Argentina, el déficit fiscal es otro de los contratiempos que no se ha podido superar, como la pobreza y periódicamente la inseguridad. Podríamos sumar la corrupción, también. Es difícil de entender como un país que cuenta con un campo y una agroindustria tan competitivos a nivel global, capaces de producir alimentos para una cifra equivalente a diez veces la población argentina, no puede escaparle al círculo vicioso que la deja sumida en un estado de pauperización sin poder avanzar.
¿Alguna vez el país podrá cambiar los resultados de sus acciones? La historia reciente no permite demasiado optimismo, pero la esperanza es lo último que se pierde, un refrán al que nos aferramos para que cumpla el mismo rol que se la adjudica a la utopía según el escritor Eduardo Galeano. "Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar", dijo alguna vez el célebre escritor y periodista uruguayo.
Volvamos al déficit fiscal crónico que arrastra la Argentina. A comienzos de este año, un documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) sostenía que el sector público argentino tiene una propensión a gastar por encima de sus posibilidades, una debilidad que no hemos podido revertir ni con planes de ajuste ni con programas desarrollistas. Los técnicos del organismo no descubrieron la pólvora ni mucho menos, puesto que es una pésima costumbre argentina que lamentablemente se repite desde hace décadas.
Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), en base a los datos publicados por el Ministerio de Economía sobre resultado fiscal de la Nación y las provincias en el largo plazo, reveló que entre 1961 y el 2002 en todos los años hubo déficit fiscal, acumulándose desequilibrios por el equivalente a 180% del PBI. Además, señalan que entre el 2003 y el 2008 estuvieron los únicos años de superávit fiscal totalizando en el acumulado el equivalente a 7% del PBI. Y que desde el 2009 hasta el 2019 volvieron a ser todos años de déficit fiscal acumulándose desequilibrios por otro 40% del PBI.
Sin dejar lugar a dudas, estos datos muestran que en las 4 últimas décadas del siglo pasado se acumularon déficits fiscales por el orden de 2 veces el PBI. A comienzos del presente siglo, la contabilidad pública muestra un modesto superávit, que se esfumaría si se contabilizaran los juicios previsionales por no aplicación de la movilidad, agrega Idesa. Además, se dio en el marco de una grosera licuación de gasto público producido por la mega-devaluación del 2002, precios internacionales históricamente elevados y cesación de pagos de la deuda pública. Más sugerente aún es que, superada la crisis, rápidamente el déficit fiscal volvió a aparecer. Con el agravante que se acumuló otra década de desequilibrios fiscales por una magnitud equivalente a la mitad de la economía, pero con una presión tributaria récord.
El reporte de la consultora admite una triste conclusión: si durante más de medio siglo, en el cual hubo gobiernos militares y democráticos de muy variada orientación, el factor común fue gastar por encima de los ingresos entonces queda claro que el déficit fiscal es una “Política de Estado”. En gran parte de la sociedad prevalece el consenso de que el Estado puede gastar más de lo que dispone y cualquier acción tendiente a equilibrar las cuentas públicas implica inaceptables costos sociales. Esto es lo que el personal del FMI denominó “la no factibilidad política” de equilibrar al Estado.
La lectura es que el sector público argentino está diseñado para gastar por encima de sus recursos. Un testimonio muy ilustrativo, pero no el único, es el sistema previsional. Las normas prometen regímenes especiales que permiten adelantar el retiro con mayores beneficios, se regalan indiscriminadamente jubilaciones a través de moratorias, se masifica la duplicación de beneficios con la posibilidad de acumular jubilación y pensión y se elude adecuar las normas ante el envejecimiento poblacional. Como la situación es insostenible se apela a la inflación para que corrija las inconsistencias licuando los haberes. Por eso las energías del debate previsional están siempre concentradas en la fórmula de movilidad.
Lo más importante que está diciendo el FMI es que la Argentina no tiene capacidad política para ordenar su sector público. Fue, es y seguirá siendo deficitario y, por lo tanto, no es un país merecedor de acceso al crédito. Bajo estas condiciones, solo queda el financiamiento vía emisión inflacionaria lo que garantiza la persistencia de la decadencia. La consultora considera que si bien no es posible ni necesario eliminar el déficit fiscal de manera inmediata, resulta imprescindible dar señales claras de que hay voluntad política y capacidad técnica para avanzar en un ordenamiento previsional, tributario, funcional y del régimen federal. Muy difícil, pero no imposible.