"El conflicto por las paritarias docentes en la provincia de Buenos Aires ha vuelto a poner en primera plana la discusión sobre la coparticipación de impuestos nacionales", señala a modo de disparador la consultora Ecolatina instalando en la agenda el pendiente debate en torno a cómo se reparten los ingresos impositivos.
Ecolatina considera que "ambos argumentos tienen puntos válidos y la solución no será fácil", aunque apunta que el debate debe tener en cuenta a los "factores estructurales que subyacen en esta coyuntura" y sobre los cuales hace un repaso:
• El federalismo fiscal en Argentina se caracteriza por una desigual distribución en las asignaciones de gastos (Nación 60%-Provincias 40%) y recursos (70%-30%). Es decir, el criterio que prevalece es el de cierta descentralización de las erogaciones y una centralización de la recaudación.
• La presión tributaria total (37% del PBI) se compone en un 85% por impuestos que recauda la AFIP, que en parte se coparticipa. Pero, al final la Nación termina con el 70% del total en sus arcas. De hecho, la Nación se benefició con 12 p.p de los 17 p.p de aumento en la presión tributaria de la última década.
• La implementación de las retenciones y el impuesto al cheque, en conjunto con la reestatización de las AFJP, ha hecho que desde 2000 la participación de la Nación en la presión tributaria total aumente 9 p.p. (al 64%).
• Al desligar parcialmente las asignaciones de recaudación y gastos se genera un desequilibrio vertical (Nación con superávit, Provincias con déficit). La coparticipación de impuestos nace justamente para subsanar este desequilibrio.
• La Ley de coparticipación establece los porcentajes correspondientes a la distribución primaria (Nación-Provincias) y secundaria (entre provincias) de una determinada masa de recursos de impuestos nacionales.
• En cuanto a la distribución primaria, la Ley establece que las provincias no podrán recibir menos de 34% del total de impuestos nacionales pero dicho piso no se cumple: en 2012 recibieron sólo el 25% de la recaudación nacional.
• Esto no quiere decir que los fondos que administra el Gobierno Central no terminen en las Provincias, pues las transferencias no automáticas pasaron de representar 5,4% de los recursos provinciales totales en 2001 a 9,6% en 2012.
• El proceso de pérdida de autonomía provincial, si bien es generalizado, no es homogéneo, Buenos Aires viene perdiendo: en 2000 recibió 23,8% del total de transferencias automáticas, mientras que en 2012 percibió sólo 19,2%.
• Por el aumento de la nominalidad de la economía, la participación de Buenos Aires en las detracciones previas del Impuesto a las Ganancias se redujo del 70% al 3,4%. Buenos Aires reclama una actualización de este monto lo que en recursos implicaría alrededor de $ 13.000 M.
• Pero la cuestión no pasa sólo por actualizar el reparto de Ganancias o modificar la distribución secundaria ya que sólo se tratarían los desequilibrios horizontales sin atender la pérdida de autonomía de las 24 jurisdicciones.
• Sin el 15% que va a la ANSES y con la coparticipación plena del impuesto al cheque las Provincias ganarían 8 p.p. en el reparto de la presión tributaria total ($ 55.000 M en 2013), en desmedro de la Nación. La Nación lo compensará recortando buena parte de los $ 42.000 M presupuestados para giros no automáticos y de las asistencias financieras (principal acreedora de Provincias).
El real problema de fondo es rediscutir el federalismo fiscal: determinar, vía consensos y procurando que prevalezcan los criterios de eficiencia y equidad, qué gastos corresponden al ámbito nacional y cuales al provincial, y de qué manera serán financiados de manera sustentable en el mediano y largo plazo.