En tiempos de ajuste de la economía y en particular del gasto público, el presidente Mauricio Macri se anticipó en enero pasado cuando decidió recortar cargos públicos y congelar los sueldos de los funcionarios del Estado nacional. Fue un primer gesto de la política, aunque más allá de esas declaraciones sería importante, seis meses después, conocer el nivel de ahorro que se ha producido desde aquella decisión de gobierno adoptada por la máxima autoridad del país. 
Con cierta demora en relación a los tiempos de la Nación, justo ahora en Rafaela se debate un proyecto presentado en el Concejo para suspender los aumentos de sueldos de funcionarios del gabinete, desde el Intendente hasta secretarios y directores, y las dietas de los concejales. De todos modos, una simple medida de austeridad republicana que debería implementarse automáticamente también ha sido víctima, en el plano local, de la burocracia parlamentaria, es decir se habla demasiado y se hace poco. 
El reciente acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional obliga a cerrar los grifos del gasto. Se replantea la estructura de personal del Estado, no se renuevan contratos e incluso se pone la lupa sobre la inversión en obra pública. Se aclara que la poda no afectará a los proyectos de infraestructura en curso y solo alcanzará a aquellos que aún no se han iniciado. ¿Quién puede garantizar que esto así será? Nadie, a esta altura, siquiera puede asegurar que se reanudará la transformación de la ruta 34 en autopista, detenida por el rediseño del proyecto técnico, una excusa conveniente para justificar el retraso que disimula la falta de recursos. 
Con el Mundial de Rusia colándose transversalmente en todos los debates nacionales y populares, el jueves hubo un tuit del economista Roberto Cachanovsky, en el que hace referencia indirecta a la productividad y eficiencia de un legislador nacional y si eso se condice con lo que le cuesta a los contribuyentes que pagan sus impuestos. Palabras más palabras menos, pone el acento en la calidad de la labor parlamentaria del combativo oficialista Fernando Iglesias al señalar: "$ 2 millones por mes para que el diputado tuitee como un barrabrava. En realidad, ahora que lo pienso, prefiero que tuitee a que se le ocurra un proyecto de ley!". Iglesias había dicho que "ganando millones también se puede ser un gil" en referencia al técnico de la Selección, Sampaoli. 
La reflexión está en línea con el último análisis del economista sobre el gasto público en el Congreso de la Nación, replicado en el diario Infobae o el portal Urgente24. ¿Qué dice Cachanovsky? Que la Cámara de Diputados tiene 6.220 empleados asignados. Si uno hace la simple división de tomar los 257 diputados y dividirlos por 6.220 empleados, da que cada legislador necesita, para poder trabajar, un promedio de 24 empleados por cada diputado. En lo que hace al costo, se ve que el presupuesto asignado para el presente año es de $ 6.582 millones, con lo cual el costo promedio mensual por legislador es de $ 2 millones.
El economista aclaró que en esos 24 empleados promedio por legislador no se incluyen los 1.726 empleados de la Biblioteca ni los 679 de la imprenta. Además, explica que el reglamento de la Cámara permite a cada legislador tener 4 empleados permanentes y 3 de planta transitoria. En este marco, se pregunta que si cada legislador puede tener hasta 7 empleados, la cuenta da que en Diputados debería haber 1.799 empleados. A esta cantidad le suma otros 300 trabajadores para incluir a taquígrafos, personal de limpieza y mantenimiento. Por tanto las cuestiones que surgen en este análisis son ¿qué hacen los otros 4.121 empleados que restan? ¿Son empleados o son punteros políticos que están en sus distritos trabajando en política para el diputado?  
Respecto a la Cámara de Senadores, la situación empeora porque con 5.779 empleados, la relación es de 80 empleados en promedio por cada senador a un costo promedio por senador de $ 8,4 millones mensuales. Medio en serio, medio en broma concluye que la realidad es que cada legislador es una PYME.
Cachanovsky no fue el único que apuntó y disparó contra el gasto en el Congreso. La Fundación Atlas hizo una estimación similar tomando en su conjunto tanto la Cámara de Senadores como de Diputados al sostener que "cada legislador nos cuesta 4.686.066 pesos por mes", una cifra que obviamente no va a parar al bolsillo de un diputado o senador sino que incluye personal a disposición, asesores y viáticos entre otros conceptos.
La Fundación dividió el presupuesto de 18.500 millones asignado al Congreso (es 18 veces el presupuesto anual de la Municipalidad de Rafaela) por un total de 329 legisladores, una cifra que se conforma por los 72 senadores y los 257 diputados, lo que da como resultado algo más de $ 4,6 millones. "Esto lo pagás vos con tus impuestos", concluye el estudio de la entidad a modo de llamado de atención.