Asediada por los problemas cotidianos, que van desde la pandemia hasta la inseguridad pasando por la inflación, el empleo y la pobreza, la sociedad argentina se suele desinteresar de los asuntos de la política ligada al quehacer legislativo. Las principales luces del escenario alumbran a los protagonistas de los poderes ejecutivos, ya sea el Presidente, los gobernadores o los intendentes mientras que los legisladores de todos los niveles cumplen un papel muchas veces secundario al menos para una buena parte de la población. Quizás el arco institucional que representa a un amplio abanico de sectores, que va de la cultura a la economía, tiene en claro que para defender sus intereses debe gestionar y reunirse ante los cuerpos legislativos.
Un sondeo nacional realizado por la consultora Taquion en el primer semestre del año pasado, tras consultar a 1.600 personas de todo el país, incluyó entre otras preguntas cuán satisfechos estaban con la manera en que funciona la democracia en la Argentina. Apenas un 18,4% respondió que entre "muy" y "bastante satisfecho" contra un 72,7% que se inclinaron por las opciones "poco" y "nada satisfecho". Esta insatisfacción generalizada revela una percepción negativa sobre la clase política en general, la cual explica a partir de sus reiterados fracasos el estado -deplorable- de la nación.
En un mundo ideal, que en términos filosóficos podríamos definir como el del "deber ser", un dirigente político debería reunir cualidades y valores como honestidad, transparencia, austeridad, humildad, apertura al diálogo y capacidad de gestión. No es fácil encontrar estos atributos en los principales políticos nacionales, que no sobresalen por su estatura ética y moral sino más bien por sus incesantes desfiles por los Tribunales para dar explicaciones -y tratar de zafar- de investigaciones por corrupción.
Ahora bien, más allá de la falta de confianza hacia los políticos, el dato objetivo es que en la Argentina el sistema republicano de división de poderes encuentra en el ámbito legislativo a uno de los componentes esenciales. Y los parlamentos de todos los niveles tienen diputados, senadores y concejales que reciben salarios (dietas) que están por encima del promedio de ingresos de la población por cumplir tareas como es la redacción de leyes y ordenanzas. La cuestión es que decenas de dirigentes se dedican con responsabilidad a ejercer sus funciones y otros tantos pasan desapercibidos debajo del escenario, pero cómodos con cobrar cada mes sustanciosos salarios que salen del dinero de los impuestos de los argentinos. Y que además están rodeados de un ejército de asesores anónimos pero costosos y dudosamente productivos.
Ni el Congreso de la Nación ni la Legislatura de Santa Fe transparentan el nombre de los asesores, en algunos casos virtuales ñoquis y acomodados. Por cosas como esta la gente descree del sistema y generaliza una pésima nota hacia la política y sus actores. Sin olvidar que la caja del Senado de la Nación está bajo control de la Vicepresidenta, multiprocesada por supuestos hechos de corrupción. De rendición de cuentas, ni hablar.
¿Y cuánta plata le cuesta el Congreso nacional a los argentinos? El monto total destinado al parlamento es de $40.273 millones, que representa un aumento de 53 por ciento en comparación con el presupuesto 2020, según publicó el portal Infobae. En promedio, agrega, hay 70 empleados legislativos por senador y 20 por diputado.
¿Y cuál es el costo de la Legislatura en la Provincia de Santa Fe? De acuerdo a un artículo publicado por el Diario La Capital de Rosario, el Poder Legislativo santafesino contará desde el próximo 1° de enero con un presupuesto de 7.057 millones de pesos -representa 19,3 millones por día-, que se dividen en 4.149 millones para 50 diputados y 2.907 millones para 19 senadores. La asignación para el 2021 refleja un incremento del 29 por ciento en relación a las partidas otorgadas durante este año. Un acuerdo político permite, por ejemplo, que los integrantes de ambas cámaras cuenten con una caja para otorgar ayudas institucionales. Así, el ítem "transferencias" contempla un fondo de 409 millones de pesos para la Cámara de Diputados, esto es 8 millones para cada uno en todo el año. Y una partida de 485 millones para el Senado, lo que comprende 24 millones para cada miembro de esta cámara a lo largo del 2021.
En Córdoba, la Legislatura provincial contará con un presupuesto de 1.949 millones, menos de la tercera parte del parlamento santafesino, lo que abre un interrogante enorme sobre el costo de la política en nuestra Provincia y el uso de los recursos públicos, así como también genera dudas ante la escasez de rendiciones de cuentas.
¿Y cuánto sale mantener el Concejo Municipal de Rafaela? De acuerdo al proyecto elaborado por el Departamento Ejecutivo Municipal a finales de septiembre pasado, y que será convertido en ordenanza hoy por los propios concejales, a lo largo del 2021 se destinarán 90 millones de pesos para cubrir los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal y el pago de dietas y salarios del personal.