BUENOS AIRES, 10 (NA). - Por abrumadora mayoría, la Cámara de Diputados aprobó anoche sobre tablas y giró al Senado un proyecto de ley que excluye a los delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1, luego de la polémica desatada a partir del fallo de la Corte Suprema que otorgó ese beneficio a un represor condenado.

Con 211 votos a favor y uno solo en contra a cargo del diputado salteño Alfredo Olmedo, el plenario reunido en sesión especial dio media sanción a un dictamen consensuado a partir de ocho iniciativas presentadas, incluida una del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.

El texto de la normativa plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiña, "no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001.

La aprobación de la iniciativa ocurre en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, y que tendrá lugar luego de la sesión especial convocada por el Senado para este miércoles por la mañana a fin de darle sanción definitiva a la ley.

Sobre los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rossatti también pesan dos pedidos de juicio político por "mal desempeño en sus funciones" presentados este martes: una iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda y otra por Juan Cabandié, con el apoyo de Alcira Argumedo (proyecto Sur), Facundo Moyano (Frente Renovador), Remo Carlotto (Peronismo para la Victoria) y Horacio Alonso (Frente Renovador).

EL DEBATE
Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como "vergonzoso" el fallo de la Corte Suprema.

"No podemos dejar de ver este pronunciamiento que va en contrario de los pronunciamientos que hace mas de 12 años viene teniendo la Corte Suprema en materia de crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los Derechos Humanos, como parte de lo que está sucediendo en la Argentina desde el 10 de diciembre del 2015, desde la asunción del actual Poder Ejecutivo Nacional", señaló el también presidente de la comisión de Libertad de Expresión.

Carlotto enfatizó que lo que no se puede tolerar es que "después de 40 años de lucha y búsqueda de justicia", los jueces Highton de Nolasco, Ronsenkratz y Rossatti arbitraran a favor de un fallo que "facilita el camino de la liberación de los responsables de los crímenes de lesa humanidad".
La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la ley más benigna" tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.

El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, discrepó con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó a los jueces que firmaron por la mayoría una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos".

"Ellos no dictaron sentencia en el caso concreto sino que emitieron sentencia para crear una doctrina", consideró Recalde, que fustigó al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien en su primera reacción respaldó lo obrado por la Corte Suprema.