La minuta de comunicación sobre el COP para Rafaela fue presentada por el concejal Lisandro Mársico, aunque en su versión original no solicitaba precisiones sobre el grado de avance que presenta su desarrollo en la ciudad sino que reclamaba su “urgente concreción”.
Pero en la reunión de Comisión del lunes pasado, cuando comenzó a analizarse la iniciativa, el justicialista Juan Senn le comentó que si bien todavía no se cuenta con el espacio físico en la práctica ya está funcionando, aunque no en todo su potencial, información que le confirmaron desde la Jefatura de la Unidad Regional V. A su vez reveló que días atrás estuvieron en la ciudad técnicos de la empresa Motorola interesada en la provisión de los equipos y el software para el COP.
Ante esta situación el edil oficialista le propuso dejar el proyecto en Comisión y recabar toda la información antes de despachar la minuta, pero el demócrata progresista, que aceptó la explicación, decidió cambiar el sentido de la minuta, dejar de lado el pedido de “urgente concreción” y solicitar información “oficial” sobre la situación del COP rafaelino. La propuesta y el planteo fueron acompañados por el bloque de Juntos por el Cambio y ayer llegó al recinto legislativo.
Como miembro informante del proyecto, Mársico recordó que “la presentación de los seis COP que se montarán en la provincia se realizó en octubre de 2020 y el anuncio para Rafaela llegó en noviembre de ese mismo año”.
Asimismo, señaló que esta “esta estrategia de seguridad preventiva ciudadana para toda la provincia consta en cada lugar de tres espacios: una de ellas de análisis criminal, con la función de elaborar un mapeo delictivo; otra de operaciones policiales, que diseña y ejecuta acciones en base a lo producido por la anterior; y la restante, que es un paso innovador, es la de evaluación de la intervención policial ya realizada. Esto viene apoyado por alta tecnología como drones, cámaras, policías que contarán con computadoras portátiles y celulares robustos”.
“Pero viendo que transcurrió el tiempo y en Rosario está funcionando (uno de los dos que tendrá) desde abril del año pasado, lo que se pide es saber en qué estado de ejecución está esto que es un paso importante para la prevención del delito”.
Y fue más allá al indicar que: “el Gobierno provincial fue dotado de fondos para llevarlo adelante. Recibió $ 3.000 millones de la Nación. Sabemos que son licitaciones complejas y algunas se ha caído, pero tiene la emergencia en seguridad que le sancionó la Legislatura y puede disponer de Rentas Generales esos $ 3.000 millones porque además la ley de emergencia hace más laxos los controles y a través de contratación directa puede comprar todo lo que tiene que ver con seguridad. Así que ojalá que esto tenga pronta resolución del gobierno provincial.
El proyecto no tuvo objeciones de los otros bloques y fue aprobado en general y en particular.

VÍA LIBRE A LA AUDITORÍA
También por unanimidad fue aprobada la Resolución que autoriza la realización de una nueva evaluación a las cuentas del Municipio, en esta oportunidad, enfocada al movimiento de recursos durante la emergencia sanitaria, cuyos resultados se conocerán a mitad de año.
Luego de que su realización corrió riesgo debido al vencimiento del plazo para su adjudicación, se pudieron salvar cuestiones técnicas-legales y la evaluación de la cuentas municipales durante la pandemia se concretará.
Ayer, en una misma Ordenanza se prorrogaron los plazos y se le adjudicó el trabajo al contador Leonardo Chiavarini, de la ciudad de Santa Fe, el mismo que llevó adelante la primera.
En su oferta el profesional expuso que la labor le demandará 552 horas, a un costo de $ 2.990 cada una, que se distribuirían en 4 meses. A importe resultante se le deben adicionar impuestos y otras erogaciones que le insume la auditoría, por lo que el total de sus labores es cercano a los $ 2.300.000, un valor que fue fijado en enero pasado y ya fue actualizado por el Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de la provincia, pero Chiavarini mantuvo el precio original.
Fue el concejal (UCR-JxC) Leonardo Viotti quien informó sobre sobre la evaluación y adelantó que el compromiso del auditor es “comenzar en los próximos días para que a mitad de año tengamos los resultados, que tiene que ver con el uso de fondos desde el comienzo de la pandemia hasta mediados del año pasado, que es donde hicimos el corte, si bien la emergencia no terminó ahí”.
En tanto que sobre los objetivos de la auditoría señaló: “vamos a analizar los fondos extras que recibió el municipio de los distintos niveles de gobierno, donaciones recibidas, cómo se utilizó ese dinero, a qué instituciones fueron, qué trabajos se realizaron y cuáles se dejaron de hacer, qué programas dejaron de ejecutarse para destinar esos recursos a la pandemia. Vamos a tener, como Concejo, y a través de nosotros la sociedad, un resumen y un control general de todos los recursos utilizados en la pandemia. Vamos a saber, más o menos, cuánto nos ha costado la pandemia como rafaelinos y qué tuvimos que dejar de lado para afrontar esa situación excepcional”.
Por su parte a la hora de justificar su voto, la oficialista Brenda Vimo aseguró que desde su bloque se celebra “que se realicen las auditorías externas, que se controle, que se evidencie la transparencia de los procesos que se vienen realizando en temas tan emblemáticos y que requirieron tanto trabajo durante la pandemia”, pero cuestionó la erogación que debe hacer el Municipio y sostuvo que desde ese Cuerpo legislativo: “siempre reclamamos que no se amplíe el costo del Estado, que no se aumente la planta (de personal), que se optimicen los recursos y tenemos a disposición un Instituto de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas, que es un ente autárquico, que tiene que ser aprobado por el Concejo y los bloques de la oposición no lo acompañan. Este Instituto no requiere gastos, como sí la auditoría externa que a los rafaelinos nos cuesta más de 2 millones de pesos”.

PROYECTOS APROBADOS
Además de estos dos temas que se llevaron la centralidad de la sesión, los concejales rafaelinos también votaron favorablemente un asunto oficial que es la ratificación del convenio con Recargas Electrónicas SA, empresa que se encarga a nivel nacional de la distribución, recarga electrónica y gestión de cobranzas de la tarjeta SUBE.
También se aprobaron minutas de comunicación de autoría del edil Mársico a saber: pedido de intervenciones varias en el sector del barrio Monseñor Zazpe (retiro de los caballos de la vía pública, que se controle la quema de residuos reforestación y recambio de luminarias); un pedido al Ejecutivo para que determine si se puede dar un solo sentido de circulación a calle Garibaldi entre Río de Janeiro y Santos Vega; y también la colocación de cámaras de seguridad en la Plaza de la Memoria
La solicitud (Juntos por el Cambio) a Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) para que repare la pérdida que existe en la esquina de Sargento Cabral y avenida Aristóbulo del Valle, lugar donde hace tiempo que se acumula agua, fue otra iniciativa con luz verde.
Finalmente, se trató la solicitud de vecinos del loteo Giménez para que se retome el servicio de riego de calle en el sector, que fue interrumpido por los ataques con piedras que sufrían las maquinarias y los operarios municipales.