La ordenanza que regula el funcionamiento de los crematorios en Rafaela se va a aprobar más temprano que tarde. Esa es la sensación que dejó la reunión de ayer entre los concejales y los representantes del grupo inversor que construyó un horno crematorio en un predio ubicado sobre la Ruta 70 y el cruce con la Variante de la Ruta 34. De todos modos, quedaron al descubierto los errores cometidos durante el proceso que, según entienden en el Concejo, se reparten entre el Departamento Ejecutivo y los empresarios. 
Claudio Vivas, el referente de la firma, junto a Juan Carlos Borio y Matías Savia fueron al cuerpo legislativo para dar su versión de la historia que se hizo pública en febrero cuando el Departamento Ejecutivo envió a extraordinarias un proyecto para habilitar la actividad de los crematorios en la ciudad. La iniciativa parecía haber sido elaborada a medida de las necesidades del grupo inversor que a esa altura prácticamente tenía finalizada la obra. Los ediles no aceptaron las urgencias, frenaron el proyecto hasta tanto se brinden las explicaciones del caso: ¿por qué una empresa avanzó con su inversión si la actividad aún no contaba con una ordenanza que la habilite?
Todos recordaron que en una ordenanza de 1988 se contempla el funcionamiento de crematorios pero en el interior del cementerio municipal, por lo que no es suficiente como marco legal para este crematorio, el primero que se instala en Rafaela. 
"Hubo errores en el medio, me hago cargo de lo que nos corresponde", admitió Vivas, quien incluso acepta que el Ejecutivo aplique una sanción económica. "Desde el momento en que tuvimos la factibilidad de medio ambiente, decidimos construir en un país donde la inflación cambia los presupuestos en forma constante", justificó. De todos modos, desde el Concejo insisten en que el Ejecutivo otorgó oportunamente, con la firma del propio intendente, Luis Castellano, una factibilidad para la obra. Y los empresarios avanzaron con el proyecto con ese simple papel mientras faltaba una ordenanza específica. "Hubo desinformación entre el Ejecutivo y el Concejo", sugirió. 
Ahora bien, la pregunta es si el Ejecutivo no debió enviar el proyecto de ordenanza al Concejo en el mismo momento que otorgó la factibilidad al grupo inversor. Ese es el planteo que al menos la oposición legislativa sostiene y pretende dejar en claro con las distintos reuniones efectuadas para que "no se apruebe una ordenanza a las apuradas porque el Ejecutivo se hace el distraído sobre su responsabilidad en el olvido".  
En el fondo, el Concejo pasará su factura al Ejecutivo -dos veces debieron ir a dar explicaciones el fiscal municipal, Daniel Fruttero y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino- pero avanzará con la aprobación de la ordenanza. "La reunión fue positiva para aclarar todas las dudas. Se ha hecho una inversión, queremos empezar a trabajar, además Rafaela y la zona necesita un crematorio", dijo Vivas en diálogo con la prensa.