Difícil de explicar es la restricción impuesta por los organismos de seguridad y de justicia sobre las estadísticas del delito tanto en Rafaela como en el departamento Castellanos. Como si hubiera un acuerdo tácito, los robos contra la propiedad con mayores o menores niveles de violencia prácticamente se ocultan a la opinión pública quizás con la premisa de no contribuir a crear una "sensación de inseguridad" o tal vez con el objetivo de disimular deficiencias propias de las instituciones policiales o judiciales involucradas. 

Lo cierto es que en Rafaela se brinda mayor información a través de los canales del Ministerio de Seguridad de la Provincia que mediante las representaciones locales de esa cartera o del Ministerio Público de la Acusación. Si bien la Policía local, en los últimos meses, modificó sus estrategias de prevención con una mayor presencia en las calles a través de operativos móviles o recorridas, lejos está de haber frenado el delito. Es decir, el despliegue de los efectivos en el territorio no significa mayor seguridad. 

En este escenario, la decisión de prácticamente instalar un puesto de control fijo en barrio 2 de Abril, donde se habían registrado fuertes quejas de los vecinos por el continuo enfrentamiento de dos bandas ligadas al narcomenudeo, fue acertada teniendo en cuenta que se redujeron las quejas. 

De todos modos, los robos de motos y bicicletas así como también de celulares y los arrebatos en la vía pública con uso de violencia se mantienen en niveles altos. Al igual que los robos a las viviendas y comercios que, en no pocos casos, se desarrollan con uso de armas de fuego, amenazas e incluso golpes. 

Sin embargo, la policía local apenas facilita información sobre cada uno de los operativos de prevención que realiza en Rafaela o en las distintas localidades del departamento. Difícilmente se proporcione información sobre el esclarecimiento de robos a la propiedad privada. Porque directamente no se investigan y si lo hacen es con una llamativa falta de eficacia, lo que alimenta las sospechas de siempre: que se liberan zonas de la ciudad para delinquir y luego no se investiga para garantizar impunidad a la "mano de obra" encargada de robar.

Así, ni la Policía ni el MPA se muestran dispuestos a liberar datos sobre la actividad criminal en la ciudad. Desde esta perspectiva, hasta se podría "asegurar" que Rafaela es una ciudad ideal porque no se producen robos. La escasa información que trasciende es mediante redes sociales y la denuncia pública de las propias víctimas. 

La Policía no puede reconstruir una imagen institucional sobre la que pesa un fuerte descreimiento de la sociedad a partir de ocultar información sobre los delitos. Solo parece interesada en comunicar las acciones que le salen bien, no las que desnudan su ineficiencia. En algún momento esto debiera cambiar. 

Por caso, hace dos días la Policía de la provincia de Santa Fe informó que durante los cuatro primeros meses de este 2018 se registraron en todo el territorio santafesino 7.400 detenciones, en muchos casos como resultado de operativos compartidos con el Ministerio de Seguridad de la nación. 

En este balance parcial del primer cuatrimestre del año, se consignó que el personal de las 19 unidades regionales de la provincia secuestró 799 armas de fuego de diversos calibres y 451 armas blancas. Según informó el diario La Capital, las unidades regionales de Santa Fe (I), Rosario (II), Rafaela (V) y Reconquista (IX) fueron las dependencias que más armas de fuego incautaron, con 253, 271, 54 y 34, respectivamente.

De acuerdo al informe, en los primeros cuatro meses de este año fueron detenidas 7.420 personas por diversos ilícitos y que donde más arrestos se produjeron fueron Rosario, con 3.213; La Capital, con 1.303; General Obligado, con 363; General López, con 721; Castellanos, con 301; y San Jerónimo, con 178. En este sentido, el Ministerio de Seguridad provincial destacó que el equipamiento constante y la adquisición de patrulleros, en algunos casos inteligentes, permite mejorar los resultados. 

Teniendo en cuenta la percepción negativa de la sociedad respecto a las fuerzas de seguridad, de la Justicia y de las autoridades políticas responsables del Ministerio de Seguridad, transparentar la información sobre la cantidad y tipo de delitos que se denuncian y los índices de esclarecimiento contribuiría enormemente en recuperar la confianza de la gente en las instituciones de referencia. 

En tanto y en cuanto se oculte, como pareciera ser el uso y costumbre de la época, difícilmente se puedan crear lazos de empatía entre la policía, la justicia y las personas de a pie.