En referencia al caso de presunto abuso sexual cometido puertas adentro del Colegio San José de Rafaela, denunciado como ocurrido el 28 de julio de 2021, y del cual -salvo reclamos, marchas y conferencias de prensa de la familia de la niña que habría sido víctima, de sus abogados y de la ciudadanía en general- no mucho más se supo en cuanto a la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Rafaela; los abogados que representan a la familia de la niña querellante en este caso, Dres. Paula Condrac, Guillermo Munné, y Lorena Adorati, firmaron en la jornada de ayer un comunicado enviado a los medios de comunicación, que reproducimos íntegramente a continuación.
Es importante recordar que desde sus inicios la investigación encontró todo tipo de obstáculos con la ausencia de pruebas tales como imágenes de cámaras de seguridad, de datos de ingreso y egreso de personas en el Colegio; y de otras pruebas fundamentales.
Al cumplirse un año del hecho denunciado, en la tarde del 27 de julio último, padres, abuelos y familiares de la niña víctima junto a sus abogados, convocaron a una conferencia de prensa para repasar lo actuado en la esfera judicial tanto por la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela, como por los mismos abogados querellantes, llegando a una conclusión lapidaria: "El MPA se blindó" dijeron hace poco más de un mes.
En esa conferencia de prensa los abogados querellantes sostuvieron como punto central -entre variados conceptos- que, "interpusimos todos los recursos posibles del Código Procesal Penal y aún de la Constitución de la Provincia de Santa Fe. Tocamos todas las puertas y todas permanecieron hermética, sistemática y corporativamente cerradas para la niña víctima. Todos y cada uno de los operadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que intervinieron reforzaron la decisión del anterior. El MPA se blindó en la negativa a investigar y con ello obstaculizó el Acceso a la Justicia de la niña de tal modo que lo tornó imposible. Perdieron por el camino su deber de objetividad y transparencia", señalaron.
Asimismo ese día los abogados adelantaron que sus próximos pasos estarían dirigidos a tomar contacto y a informar la situación a las instancias correspondientes del Poder Legislativo santafesino, el cual actualmente posee la facultad de investigar e incluso sancionar disciplinariamente la labor de los fiscales, en un rol que oportunamente fue ampliamente cuestionado en la provincia de Santa Fe.

DECLARACIÓN
DE LA VÍSPERA
Volviendo al punto inicial de este artículo, en la jornada de ayer con la firma de los abogados Paula Condrac, Guillermo Munné, y Lorena Adorati, la familia de la niña víctima dio a conocer una nueva declaración, transcurridos un mes y once días de la conferencia de prensa que se citó en párrafos anteriores.
El texto difundido dice así.
"La familia querellante y el equipo legal que la representa comunicamos que el miércoles 7 de setiembre de 2022 fuimos recibidos en reunión conjunta por la Comisión de Género y por la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, para interiorizarse de las graves irregularidades y omisiones en la investigación, que fueron denunciadas públicamente en la conferencia de prensa del 27 de julio de este año.
"En una audiencia de dos horas -prosigue- detallamos la carencia de perspectiva de género y niñez, la falta de objetividad y de transparencia, y la violencia institucional sufridas por la niña víctima y su familia por parte de las fiscales intervinientes en la causa de Abuso Sexual, del fiscal interviniente en la causa de Encubrimiento, y del Fiscal Regional N° 5, todo lo cual constituyó una grave obstrucción para el Acceso a la Justicia".
"Asimismo -concluyen- acompañamos una carpeta de antecedentes y documentación. Las Diputadas se interesaron en diversos detalles de las situaciones afrontadas por la familia y su representación profesional y anticiparon que evaluarán en las Comisiones las próximas acciones a llevar adelante con el Fiscal General de la Provincia y las áreas correspondientes del Poder Ejecutivo, respecto de lo denunciado", finaliza.