Grupos de autoconvocados y entidades ruralistas realizarán hoy una protesta que tendrá como epicentro la localidad bonaerense de San Nicolás, pero que también se desarrollará en otras ciudades del país, entre las que se destaca Avellaneda, en el norte santafesino, donde estará representada la Sociedad Rural de Rafaela, para rechazar la política agroganadera del Gobierno.
La concentración principal está prevista en "La Ciudad de María" para las 10:00, con una especial recomendación de los organizadores para que los manifestantes concurran sin banderas políticas.
Las entidades del campo vienen manifestando desde hace rato sus quejas por el nivel de las retenciones a las exportaciones, pero en las últimas semanas se sumó otra decisión del Ejecutivo que potenció los reclamos, con el cierre de las ventas de carne al exterior.
Si bien la protesta fue impulsada por autoconvocados, las entidades decidieron participar de la convocatoria, lideradas por las que integran la Mesa de Enlace, que adhirieron de manera unánime al encuentro, que promete ser multitudinario.
Con la consigna: "Por una Argentina republicana, productiva y libre", adhirieron a la marcha a San Nicolás en "defensa del trabajo y la educación".
En la ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, la actividad se realizará a la altura del kilómetro 228 de la Ruta Nacional 9, con la finalidad de "llevar la voz de ciudadanos, productores, industriales, comerciantes y todos los sectores que tengan intenciones de tomar parte".
Mediante un comunicado, las entidades agropecuarias señalaron que el objetivo es "reclamar medidas que alienten la producción y el trabajo; el respeto de la propiedad privada y de la Constitución Nacional, como así también el fin del intervencionismo estatal que atenta contra el empleo genuino, las economías regionales y el desarrollo del país".
Los organizadores aseguraron que el propósito no es efectuar consignar políticas partidarias y que "no habrá oradores, que tengan previstas intervenciones, como candidatos en las próximas elecciones".
La consigna será "la manifestación de la disconformidad hacia medidas políticas aplicadas, que ya han fracasado y volverán a fracasar", indicó el comunicado.
"Será el grito de un mayor federalismo y respeto a la República, a 205 años de la celebración de nuestra Independencia como país, conscientes del actual contexto de pandemia que vivimos y tomando las precauciones correspondientes".
El conflicto que enfrenta al campo y el Gobierno, debe interpretarse como una réplica de lo ocurrido en el año 2008, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
En aquella oportunidad se extendió por nada menos que 128 días, registrándose episodios que siguen vivos en la memoria de los argentinos.
El origen del mismo fue el anuncio del cambio en los derechos de exportación, comúnmente identificados como retenciones agropecuarias.
La Resolución 125/8 establecía un sistema de movilidad de las alícuotas que se iban a ajustar según la variación de los precios internacionales. Si bien se trataba de un contexto de crecimiento económico, se expresaba de parte de las entidades ruralistas, que el nuevo sistema generaba un aumento sustancial de las alícuotas, que ya habían registrado dos aumentos durante el año anterior.
La tabla de retenciones móviles se convirtió en el elemento catalizador de una protesta agraria sin antecedentes por su magnitud. Desde que se puso en marcha la confrontación, los medios de comunicación jugaron un destacado papel en la nacionalización del conflicto y en la instalación pública de una dirigencia rural hasta ese momento casi desconocida para la sociedad.
Inicialmente el diálogo entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones agrarias parecieron encauzar la situación hacia una salida negociada, pero finalmente los sectores más intransigentes de ambos grupos terminaron dominando las acciones y los debates entre los funcionarios del gobierno y sus aliados políticos con los dirigentes agrarios y los partidos de oposición.
Es necesario recordar que el conflicto sectorial había comenzado en 2005 con un enfrentamiento alrededor del tema de los precios internos de la carne, a lo cual se sumó la suspensión de las exportaciones en marzo de 2006.
De allí que la 125 haya sido la culminación de un estado de ánimo que tuvo mucho que ver con los enfrentamientos previos y con los bruscos virajes de las políticas hacia el agro ocurridos en los mercados de carne vacuna y trigo, que provocaron una fuerte caída en el stock ganadero y en la producción del cereal.
La masiva protesta forzó al Poder Ejecutivo a enviar al Congreso el proyecto de ratificación de la Resolución Ministerial 125, que culminó en derrota legislativa por el recordado voto "no positivo" de Julio Cobos.