A medida que avanza el verano y por consiguiente aumentan las temperaturas, también se calienta el debate en torno a la crítica situación que atraviesa la Argentina en todos los órdenes, desde lo social hasta lo económico. La aprobación de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, en el marco de la emergencia, incluyó una suba en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que ha generado malestar en los productores que se ha visibilizado mediante asambleas e incluso tractorazos, como los del viernes en Rosario y en la cordobesa Bell Ville. 

Si bien las entidades representativas del campo que confluyen en la Mesa de Enlace mantienen el diálogo abierto con el Gobierno nacional, el descontento de las bases que se muestran en alguna medida desconectadas de las autoridades sectoriales genera incertidumbre proyecta un escenario viscoso. 

El clima adverso para los productores comenzó a vislumbrarse con la victoria en las elecciones del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, aunque una decisión de la Justicia federal de San Nicolás previa a la sanción de la Ley de Solidaridad por parte del Congreso encendió todas las alarmas entre los ruralistas. Es que a once años del conflicto que se desató entre el campo y el gobierno de Cristina Fernández de

Kirchner por la Resolución 125, la Justicia reactivó una causa judicial contra los integrantes de la

Mesa de Enlace de ese momento y representantes de la oposición, por una protesta que se realizó

el 19 de marzo de 2008 en el kilómetro 150 de la Ruta Nacional N°9, a la altura de la ciudad

bonaerense de San Pedro, que se había transformado en uno de los puntos centrales de la

movilización de los productores agropecuarios. En este marco, el juez Federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte

Ruzo, procesó y trabó un embargo de 50.000 pesos, por haber entorpecido el normal

funcionamiento de los transportes de tierra con el reclamo. 

Desde algunos sectores de la dirigencia del campo plantearon que este fallo de la Justicia podría

atribuirse al cambio de escenario político que se dio con la derrota de Cambiemos y el regreso del kirchnerismo. Tras el conflicto por

la Resolución 125, la relación entre el campo y el kirchnerismo fue de permanente confrontación, a

pesar de los esfuerzos realizados para dejar atrás las diferencias.

La Resolución 125 tenía como objetivo implementar un sistema móvil para las retenciones

impositivas a las exportaciones de soja, trigo y maíz que finalmente fue rechazada en el Congreso en medio de una ola de

protesta del campo en todo el país.

La decisión de la justicia federal de San Nicolás cosechó rápidamente críticas de las entidades representativas de los productores, que entienden el fallo como una forma de aplacar eventuales protestas si es que el nuevo Gobierno aumentaba las retenciones, tal como sucedió finalmente desde esta semana. Una de estas organizaciones, Confederaciones Rurales Argentinas dejó en evidencia la doble vara de la justicia para evaluar las protestas de los campesinos de las que protagonizan movimientos sociales. Consideró que reclamos del 2008 no difieren de los que se observan a diario en la Ciudad de Buenos Aires impulsados por grupos sociales disconformes con las políticas públicas.

Con total claridad, planteó que es difícil entender el por qué de un tratamiento tan distinto a situaciones fácticamente idénticas, cuando reclama el campo se abre un "Proceso judicial" pero cuando reclaman los movimientos sociales se registra una "Justificación y solidaridad".

Una vez que el aumento a las retenciones de productos agropecuarios quedó firme, la reacción de las bases no se hizo esperar con decenas de asambleas en diversas provincias. Una de las últimas fue la que se realizó el viernes en Rosario, en el emblemático Monumento a la Bandera donde se concentraron decenas de tractores provenientes de distintas localidades del sur santafesino. No hay certezas de que sea la última ante el acto consumado, es decir que la suba de los derechos a la exportación ya está en vigencia, o sea el comienzo de una protesta que crezca con el correr de los días. 

Al mismo tiempo, se percibe que el descontento social ante el ajuste impulsado por el Gobierno nacional está causando una sensibilidad desacostumbrada en la clase política y sus conductas corporativas. El avance contra los jubilados y el campo ha provocado una corriente de críticas contra la clase política e incluso los jueces, a los que se les reclaman que también ajustes sus gastos e ingresos. 

Nadie parece olvidar que en Chile un aparente poco importante aumento en la tarifa del subte desató poco menos que una revolución popular que dejó al desnudo desequilibrios, injusticias y desigualdades. Esta semana la movilización en las calles de los ambientalistas de todo el país logró frenar una reforma a la ley de minería de la Provincia de Mendoza. El pueblo, por tanto, parece empoderarse y creer que si resiste, puede torcer las decisiones de los gobiernos.