Una familia no puede vivir para siempre con un gasto que supere sus ingresos. Un país tampoco, mucho menos uno como la Argentina con una economía que atraviesa crisis periódicas donde el desempleo crece y la pobreza nunca baja demasiado. Cuando se gasta más de lo que se gana, hay que recurrir al financiamiento, lo que implica el pago de intereses. Si todos los meses se necesita pedir un crédito para cubrir el déficit de una familia o de un estado, llegará el momento que el peso de los intereses no se podrá sostener. Llegará el día que no se podrá pagar la deuda y como consecuencia será imposible acceder a un nuevo préstamo. Eso es la crisis. ¿La solución? Que el gasto no supere a los ingresos, más aún, en algún momento hay que tener superávit como forma de achicar el endeudamiento y ahorrar para enfrentar tiempos difíciles.

Se trata de economía básica. Lo difícil es decirle a los integrantes de una familia que se termina la plata para determinados gastos. No habrá para pagar la entrada del cine de los chicos, quizás se deba interrumpir el servicio de internet, el papá deberá olvidarse del vino de autor e incluso empezar a usar la bici para ir al trabajo en lugar del auto para economizar en el combustible. Y la mamá a lo mejor deberá bajar la cuenta de la peluquería. En el supermercado es más difícil, todos deben alimentarse y eso no se puede negociar más allá de las opciones que conceden las segundas marcas con pequeños beneficios en el precio en relación a las productos de primera marca. 

Si la familia no ahorra, no podrá pagar la deuda acumulada y tendrá serias dificultades para hacer frente a gastos extraordinarios, como un problema de salud, el mantenimiento de la casa o las roturas del auto. Mucho menos invertir para mejorar la calidad de vida de los integrantes del núcleo familiar. 

Esta situación de un hogar se puede extrapolar al Estado, que ante un déficit crónico de sus cuentas le llega el día en que es insostenible, que debe cambiar: o baja el gasto o es otra vez el 2001. ¿Qué hacer? ¿A quien recortarle los recursos? ¿A los jubilados? ¿A la obra pública? ¿A los sectores más vulnerables que por necesidad o comodidad perciben subsidios? ¿A los trabajadores del Estado?

La semana pasada, el mismo día en que el presidente Macri anunciaba que la Argentina abría un canal de diálogo con el FMI para negociar un préstamo que ayude a superar las turbulencias cuya manifestación más visible es el aumento del dólar, ministro de Economía, Nicolás Dujovne comunicaba un importante recorte en la inversión en obras de infraestructura, aunque ninguna de las que estaban en marcha sino en proyectos por comenzar, como aclaró el titular del Ministerio de Transporte, Guillermo Dietrich. 

En este contexto, el Ministerio de Agricultura es noticia desde hace dos semanas por el ajuste en su estructura de personal y en la de sus organismos dependientes. El INTA, que tiene una de sus estaciones experimentales en Rafaela, deberá reducir el 8 por ciento la plantilla de sus empleados, que asciende a más de siete mil personas, hasta abril del año próximo. Una de las decisiones es no cubrir vacantes durante un año, con excepción de las que sean absolutamente necesarias. Además, el organismo buscará ahorrar unos 70 millones de pesos entre el cambio de una ART y la modificación de estructuras jerárquicas para algunos directores de estaciones experimentales que ingresen por nuevos concursos, entre otras medidas. 

El director del INTA, Juan Balbín, destacó que en las 51 estaciones experimentales distribuidas en la geografía nacional impera una orden para reducir todos los gastos, aunque con las subas de las tarifas de los servicios públicos se limita el margen de maniobra. "Estamos con los recursos justos, contando las monedas" graficó el funcionario recordando aquella célebre frase a la argentina de rascar la olla para que alcance. Por cierto, el presupuesto de la institución asciende a 6.250 millones de pesos. 

El caso del INTA es el ajuste del Estado. Y al mismo tiempo el estado del ajuste. Recientemente, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino consideró que el Banco Central no va poder tranquilizar ni estabilizar el dólar, si el sector público no baja más rápido el gasto.