El tiempo de la conciliación obligatoria se ha consumido sin que el conflicto gremial entre los sindicatos que agrupan por un lado a los empleados de comercio y por otros a los camioneros, en torno al encuadre de los choferes que trabajan para corralones de materiales para la construcción, se haya podido resolver satisfactoriamente. Hoy los dirigentes de ambas organizaciones obreras volverán a negociar en el marco de un proceso abierto por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que ha intervenido con decisión pero que no ha podido encontrar una salida consensuada. 

Fue el 9 de marzo cuando dirigentes del Sindicato de Camioneros bloqueó sorprevisamente las instalaciones de Corralón Dellasanta y dos días después de Corralón Rafaela, con el objetivo de forzar el pase de los choferes que conducen los vehículos mediante los cuales se entregan en la ciudad los materiales de construcción que comercializan. Actualmente, los empleados que cumplen esas tareas son entre 15 y 20 en ambas empresas y están afiliados al Centro de Empleados de Comercio.

Desde Camioneros adujeron que desde el año pasado planteó el reclamo por vía administrativa y que ante la falta de avances decidió pasar a la acción, impidiendo en la práctica que las dos empresas involucradas puedan desarrollar su actividad comercial, pese a que sus principales dirigentes argumentaban que sólo impedían la labor de los choferes de ambos corralones. Más aún, indicaron que los piquetes fueron una respuesta al reclamo de esos choferes que, supuestamente, no lograban el encuadramiento gremial pretendido.

Hay una cuestión económica a tener en cuenta: el salario de una persona que realiza este tipo de trabajos afiliada al Sindicato de Camioneros es mayor que si estuviera en Comercio. Sin embargo, también es justo decir que la actividad está contemplada en la convención colectiva del gremio mercantil, por lo que desde esta perspectiva los conductores de camiones de estos corralones están correctamente encuadrados. 

Al referirse a este conflicto, la viceministra de Trabajo de la Provincia, Nora Ramírez, admitió en una reunión efectuada en Rosario que "está claro que existe una evidente superposición normativa en lo que hace a la correspondencia de choferes de camiones de empresas que comercializan materiales de construcción". De ahí las dificultades para alcanzar una solución. 

En una ciudad como Rafaela en la que se han fomentado la creación y fortalecimiento de espacios institucionales de diálogo, la determinación de los camioneros de bloquear dos corralones fue condenada rápidamente, aunque a sus impulsores poco les importó. Y si bien aceptaron la instancia de negociación abierta por la cartera laboral nacional, sólo desistieron de sus medidas de choque cuando se dictó una conciliación obligatoria que vence hoy, justo cuando los representantes de los dos sindicatos y de las empresas afectadas volverán a reunirse en la ciudad de Santa Fe. 

El interrogante lógico es qué sucederá en esa audiencia en caso de que cada una de las partes se mantenga inflexible, considerando que ya hubo dos reuniones en ese ámbito sin que se puedan limar las diferencias. El Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de extender la conciliación unos pocos días más, pero el fondo de la cuestión seguirá ahí, esperando por una solución. 

Mientras tanto, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región se pronunció una vez más respecto a este litigio. Se mostró preocupado por la falta de avances del diálogo y porque hoy concluye la conciliación, a la vez que cuestionó a la justicia y a la policía por su actuación durante los bloqueos, ya que dejaron hacer a los camioneros durante los bloqueos (no actuaron ante aprietes y amenazas a empleados o clientes de corralones). 

Por caso, hay quienes recuerdan un caso no tan lejano. En 2011, el fiscal Diego Molina Picco llamó a indagatoria a los dirigentes de la Delegación Zona Norte del Sindicato de Camioneros, Andrés Miño y Gastón Caiazzo, quienes fueron acusados de haber organizado en agosto de 2010 un bloqueo a las distintas sucursales del corralón de venta de materiales de construcción Rabe, en Buenos Aires. Los dirigentes, que reclamaban el pase de los camioneros de la empresa de Comercio a su gremio, ordenaron cruzar camiones en el acceso a las instalaciones de la empresa, y montaron un piquete que impedía el ingreso o la salida de vehículos de carga. 

Concretamente, el fiscal acusó a Miño y Caiazzo por uno de los delitos contra la libertad de trabajo y asociación tipificado en el artículo 158 del Código Penal, según publicó por esos días Infobae. 

El Sindicato de Camioneros Seccional Rafaela, cuyos cargos son ocupados por dirigentes rosarinos, están decididos a lograr el objetivo, sosteniendo quizás que "el fin justifica los medios" como alguna vez postuló Maquiavelo. Esto es, en su manual figura como primer objetivo el "imponer" y no el "acordar".