EL CAIRO, 5 (AFP-NA). - Decenas de miles de opositores al jefe de Estado egipcio Mohamed Mursi rodearon ayer por la noche el palacio presidencial en El Cairo para exigirle que retire un decreto con el cual amplió considerablemente sus poderes y que provocó una profunda crisis en el país.

Los manifestantes, muchos de los cuales forman parte de grupos laicos y de izquierda, pudieron acercarse al palacio después de haber cortado las alambradas que protegían el edificio.

La policía antidisturbios usó gases lacrimógenos para tratar de dispersarlos, sin éxito, y luego se retiró.

Una fuente de la presidencia indicó a la AFP que el presidente Mursi no se encontraba en el palacio.

Algunas personas trataron de escalar las paredes del edificio pero otras se lo impidieron. Los manifestantes rodean ahora el palacio.

Los manifestantes eslóganes como "¡Lárgate!" o "El pueblo quiere la caída del régimen", los mismos que se oyeron en la revuelta que derrocó a Hosni Murabak a principios de 2011.

Muchos de los manifestantes, que agitaban banderas egipcias, acusan a los Hermanos Musulmanes, a los que pertenece Mursi, de haber "vendido la revolución".

Estados Unidos pidió a los manifestantes que expresen "sus opiniones pacíficamente" y que se les dé "espacio para protestar", indicó Mark Toner, portavoz del Departamento de Estado.

Miles de personas seguían llegando al palacio en el barrio de Heliópolis, en la periferia de El Cairo, para protestar por los nuevos poderes del presidente Mursi, que la oposición tilda de "dictatoriales", y en contra de un proyecto de Constitución que debe ser sometido a referéndum en menos de 15 días.

DIVISION DEL PODER JUDICIAL

El poder judicial, al que el presidente prohíbe impugnar sus decisiones, también está dividido.

El Consejo Superior de Justicia, encargado de los asuntos administrativos de la magistratura, decidió el lunes delegar unos magistrados para supervisar el referéndum a pesar del llamamiento al boicot de varios jueces, lo que permitiría realizar la consulta.

Pero ayer, el Club de los Jueces, un sindicato profesional a favor del boicot, reiteró su postura.

"No perdonaremos" a los jueces que supervisen la votación, lanzó su presidente, Ahmed al Zind, afirmando que el número de jueces opuestos a la supervisión del referéndum supera con creces el número a favor.

El jefe del Estado asegura que su decreto es "temporal", a la espera de que entre en vigor la nueva Constitución, y defiende que el objetivo es acelerar las reformas democráticas con un poder ejecutivo fuerte.