En respuesta a las demandas emergentes de la época, el Congreso aprobó el proyecto conocido como "Ley Micaela", para capacitar a funcionarios públicos en la temática de género. La iniciativa fue incluida por el Gobierno en el temario de las sesiones extraordinarias del parlamento nacional a pedido de la oposición y en medio de la instalación de la agencia de género. 

Con el impulso del Movimiento Evita y en especial de la diputada santafesina Lucila De Ponti, el proyecto fue llamado de esa manera en homenaje a Micaela García, la joven asesinada en la ciudad de Gualeguay en 2017. En su esencia, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías y en los tres poderes del Estado.

La capacitación de las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación estará a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres que también certificará la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo.

Anualmente, el Instituto Nacional de las Mujeres deberá publicar en su página web un informe anual sobre el cumplimiento de la ley, incluyendo la nómina de las altas autoridades que hayan sido capacitadas. Además, el organismo elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas por cada organismo y los resultados deberán integrarán el informe anual.

De acuerdo al proyecto, las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones previstas "serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación (el Instituto) a través y de conformidad con el organismo de que se trate". El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente, siendo posible hacer pública la negativa a participar en la capacitación en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres.

Interesante repasar algunos de los mensajes de congresistas durante el tratamiento de la iniciativa. Como el de la senadora de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado, quien consideró que el proyecto "es una forma de cambiar costumbres ancestrales, de tener otra mirada y de aprender entre todos y tener la responsabilidad como funcionarios o empleados del Estado de poder capacitarnos en entender cómo respetarnos entre hombres y mujeres". Y para remarcar la importancia de la nueva ley, la senadora cordobesa contó una anécdota de un pueblo de su provincia, donde todavía hay gente que conduce en contramano por una calle que cambió su sentido hace siete años, aunque cada vez menos, y

reflexionó: "Imagínense si eso cuesta modificar una  circunstancia tan mínima, para cambiar cuestiones ancestrales lo  que necesitamos generar desde el Estado".

También el aporte de la justicialista Sigrid Kunath, quien destacó que "este año sin duda ha marcado un hito en la visibilización de la desigualdad y la violencia de género" y agregó: "Creo en la educación como herramienta para ir desterrando los modos que responden al patriarcado".

Apenas se convirtió en ley en el Congreso comenzó a extender el debate para replicar su implementación en el resto de los niveles del estado, esto es provincias y municipios. Si bien crece la concientización sobre los asuntos de género en la sociedad, la Ley Micaela le dará mayor formalidad y ordenamiento mediante un sistema de capacitación, que bien podría tener variantes para la escuela secundaria e incluso el nivel primario. Y por supuesto para las empresas grandes, medianas y pequeñas. 

En este marco, en Santa Fe la diputada del bloque Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, redactó un proyecto para que la provincia adhiera a esta norma. Esta iniciativa denominada "Capacitación obligatoria en perspectiva de género", plantea que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección en el Poder Ejecutivo santafesino; cargos de representación en el Poder Legislativo o desempeñen tareas de asesoramiento técnico en ese ámbito; cargos a partir del rango de secretario en el Poder Judicial; cargos a partir de Defensor Adjunto en el Servicio Público de la Defensa Penal, o cargos a partir de Fiscal Adjunto en el Ministerio Público de la Acusación deberán acreditar formación en perspectiva de género.  

Al respecto, la propuesta incorpora la formación en perspectiva de género incluye como contenido mínimo la legislación provincial, nacional y las convenciones internacionales en las que Argentina sea parte que guarden relación con la temática y también la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género, por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica.

Por tanto, la "Ley Micaela" es un buen comienzo pero todavía queda mucha tarea por hacer. La Provincia, el Municipio, la escuelas, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil bien podrían encarar capacitaciones en asuntos de género y derechos. Iniciar un proceso de aprendizaje o reflexión en torno a esta temática nos vendría muy bien.