Fitosanitarios para todos

Una de las noticias políticas de esta semana no se dio por un hecho en concreto, sino justamente, por la ausencia de una cuestión concreta. Estamos hablando de la pérdida de estado parlamentario del proyecto para regular la fumigación en la Provincia, luego de que no se tratara en la Cámara de Senadores.

La iniciativa había sido sancionada por la Cámara de Diputados y desde hace un año aguardaba tratamiento en la comisión de Salud Pública y Medio Ambiente de la Cámara Alta, donde finalmente cayó. Ahora todo vuelve a foja cero hasta que se presente un nuevo proyecto de ley.

El objetivo de la nueva ley era establecer límites a través de franjas sanitarias en las que se prohibiría la aplicación de todo producto agroquímico en cercanías de poblados, escuelas y viviendas rurales, cuyas distancias variaban según el modo de aspersión (aérea o terrestre).

También establecían pautas de precaución en el manejo de los químicos y disposición final de los envases de esos productos, entre otras medidas.

Entre otros impulsores de esas medidas se contaban integrantes de Mujeres Federadas de Federación Agraria Argentina (FAA), el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia, representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), integrantes de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, técnicos de Agricultores Federados Argentinos, las cámaras de Aplicadores Aéreos, de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, de Semilleros Multiplicadores, responsables de cooperativas y dirigentes de 25 filiales de FAA.

Estos grupos buscaban modificar, a través de esta normativa, el modelo económico vigente en el sector agrícola, desde mediados de los 90, basado en tres pilares: siembra directa, soja transgénica y el herbicida glifosato.

Por otra parte, hubo numerosas manifestaciones de vecinos afectados por las fumigaciones (especialmente, en el sur de la provincia) y organizaciones de numerosos puntos de la pampa agraria del país, a favor de la aprobación de esta ley, basados en el interés de la salud pública y el cuidado del medio ambiente.

Tras saberse la novedad de la pérdida de estado parlamentario, la Federación de Transportadores Rurales de Argentina (FETRA) se declaró en estado de alerta y movilización.

El vicepresidente de la entidad de transportistas, Pablo Agolanti, culpó a la clase política santafesina por no ocuparse de la salud de los trabajadores e insistió en la necesidad de contar con una legislación que prohíba el uso de fosfina en las cargas de cereales y otras formas de fumigación tóxicas. Recordemos que fueron varios los camioneros que perdieron la vida víctimas de intoxicaciones por las pulverizaciones en los propios camiones.

En tanto, las organizaciones ambientalistas santafesinas expresaron su protesta y volvieron a responsabilizar a los senadores por la falta de tratamiento. Entre líneas, dejaron entrever la presión del sector que se vería perjudicado con la aprobación de la norma.

Una de las propuestas que surgió desde diferentes organizaciones santafesinas es continuar con las conversaciones con sus pares de Córdoba y Entre Ríos, con el fin de conformar un frente común en la Región Centro para abordar el uso desmedido de agroquímicos.

Otras entidades, en cambio, aseguran que tanto la legislación provincial como las disposiciones judiciales y el fallo San Jorge constituyen medidas de corto alcance frente a la legislación de fondo diseñada para facilitar la producción agrosojera, aun cuando incluye el sacrificio de la salud de la población.

Desde la caída del proyecto de modificación de la ley de fitosanitarios muchos respiraron tranquilos, la cuestión sigue pendiente y aún resta analizar si quienes viven en cercanías de las explotaciones agropecuarias pueden imitarlos.

¿Qué pasa en nuestra ciudad? El Estado local tiene en vigencia la Ordenanza N° 3.600, y los decretos 22.507 y 30.023, que establecen los límites para la aplicación de productos fitosanitarios que deben tener en cuenta los productores agropecuarios, empresas, ingenieros agrónomos y público en general. La legislación fija como límite, a partir del cual deben considerarse las distancias para la aplicación de este tipo de productos, a la línea circunscripta a 200 metros de la zona poblada del ejido urbano. Asimismo, es obligación presentar la Receta Agronómica cuando se realicen aplicaciones de productos fitosanitarios dentro de los 500 metros desde la línea anteriormente mencionada y además se debe notificar con 24 horas de anticipación a la Dirección de Medio Ambiente el lugar, la fecha y la hora en la que se efectuará la tarea.

Doscientos metros está bastante lejos de los 2 km que se proponían. Mientras tanto, las muertes -al menos- dudosas y las sospechosas malformaciones seguirán sucediendo en la Provincia. Al menos, por un año más.