Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, volvió a ser amenazado mientras continúan los operativos para desarticular las bandas narco de la provincia. En esta ocasión el primer mensaje intimidatorio apareció pintado con grafiti rosa en la puerta de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº466 "Gral. Manuel Nicolás Savio".
Fue el director de la institución, ubicada en Av Rouillón 1175, quién encontró la amenaza en la que se leía: “Pullaro narco, con los presos no se jode. Att: RR”.
En Cadena3, el director de la institución habló y se mostró desconcertado por el mensaje: “Es una sorpresa que usen la escuela para la amenaza”. “Nadie controla los movimientos en vacaciones. Posiblemente eligieron la escuela por ser grande y de fácil acceso”, sostuvo. “No sé si lo hicieron anoche o cuándo fue, pero seguro que fue en estos días porque a principios de semana no estaba”, afirmó el directivo, de nombre Juan Carlos, a un canal televisivo local.
Después apareció una segunda amenaza contra el Gobernador. "Pullaro narco con los pibes no se jode" señala el grafiti escrito sobre una pared en el ingreso a un centro de salud ubicado en Teniente Agneta al 1400, también de Rosario.
Los investigadores no descartan que hayan sido las mismas personas quienes efectuaron las dos pintadas, aunque es materia de investigación y pericias caligráficas.
Las pintadas se inscriben en una serie de balaceras y amenazas recibidas en inmuebles públicos y dirigidas al mandatario provincial santafesino.
El lunes pasado el propio gobernador reveló durante un acto en el Registro Civil de Rosario que minutos antes se había encontrado una nota intimidatoria hacia su familia en la sede local de la Dirección Nacional de Migraciones. Pullaro contó que había decidido sacar a su familia de la ciudad de Rosario como medida preventiva por las amenazas recibidas.
En la primera semana de su gestión, iniciada el 10 de diciembre pasado, se registraron tres balaceras a una escuela, un hospital y el cajero automático de la sede un banco privado en Rosario. En dos de esos sitios, los autores dejaron también escritos amenazantes firmados por presuntos presos.
Tanto el Gobierno como el fiscal que investiga esos hechos, Franco Carbone, afirmaron que se trata de “reacciones” a la decisión oficial de alojar a los presos de alto perfil en los mismos pabellones y separados del resto de la población carcelaria, y con restricciones en sus condiciones de detención.