Los asesinatos cayeron en Brasil un 19% en el año 2019, registrándose el mayor descenso desde que comenzó el recuento que gracias a una iniciativa de la sociedad civil reúne y homologa los datos estatales desde 2007.

Es una noticia esperanzadora, pese a que con más de 41.000 muertos el gigante sudamericano, remitiéndonos a dicha estadística, sigue manteniéndose entre los países más violentos del mundo.

De todos modos, son casi 10.000 personas asesinadas menos que en 2018 y también han disminuido otros delitos, como los robos o las violaciones.

Los datos, indudablemente, confirman una tendencia que ya venía asomando hacía algunos meses, de acuerdo con la misma sociedad civil.

Se trata de logros importantes, porque la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los 210 millones de brasileños, sean ricos o pobres. Y es lógico que se felicite por esas cifras el gobierno del presidente Jair Bolsonaro.

Sin embargo, hay otro dato que no se puede obviar. Las muertes en operaciones policiales -también entre las más altas del mundo- han aumentado de manera considerable, sobre todo en el Estado de Río de Janeiro, donde hubo más de 1.800 víctimas el año pasado, la mayor cantidad en las últimas dos décadas.

Es un nivel de letalidad policial incompatible con un Estado de derecho afianzado, en el que las fuerzas de seguridad tienen el deber de proteger a la ciudadanía en lugar de ser consideradas por amplios sectores de la sociedad como una verdadera amenaza, tomando como referencia esas cifras.

Las estadísticas muestran que la mayoría de las víctimas de acciones policiales son hombres negros y pobres que mueren alcanzados por disparos realizados por los efectivos en las incursiones contra el tráfico de drogas en las favelas.

Rara vez, las investigaciones sobre esas muertes determinan que los agentes se excedieron en el uso de la fuerza, lo que refuerza una sensación de impunidad, que de algún modo garantiza su operatividad en ese tipo de situaciones.

El presidente Jair Bolsonaro atribuye a su gobierno la histórica caída de los asesinatos en su primer año de mandato, pero nada dice de las cifras de personas fallecidas en operativos policiales que hicieron saltar las alarmas, incluso en las Naciones Unidas.

Su pretensión de blindar por ley a los agentes que abaten a sospechosos en intervenciones policiales fue frenada en el Congreso, pero su intención de flexibilizar la compra y tenencia de armas se mantiene firme, porque sostiene que es la forma más efectiva de combatir la delincuencia.

Los especialistas atribuyen el descenso de las muertes violentas a una conjunción de factores que van más allá de la acción del gobierno federal, y advierten contra el uso de la caída de los delitos para legitimar el abuso de la fuerza.

La reciente muerte de un antiguo policía sospechoso del crimen que le costó la vida a la concejal izquierdista Marielle Franco volvió a poner el foco sobre las bandas criminales de ex agentes y sobre sus conexiones con políticos locales, a tal punto que las sospechas hoy salpican al senador Flávio Bolsonaro.

El presidente, bajo ningún concepto puede obviar esta alarmante realidad. Tiene la obligación de despejar cualquier tipo de relación y tomar medidas para evitar un mayor daño a la democracia de su país.

Estadísticas al margen, para bien o para mal, Brasil sigue ocupando un lugar no deseado entre los más violentos del planeta. Todo el empeño que le ha puesto Jair Bolsonaro a un tema que preocupa a la comunidad, por ahora no alcanza, pese a que algunos números se presentan como alentadores.

El tráfico de drogas, como sucede en otros países latinoamericanos, es el delito que mayor preocupación sigue despertando en el gobierno. En ese sentido, la batalla no parece tener una solución a corto plazo, especialmente en el Estado de Río de Janeiro.

Si bien no es la ciudad más poblada -ese privilegio le corresponde a Sao Paulo- se trata de la que requiere de una mayor atención, porque las favelas son los lugares donde los narcos siguen encontrando un terreno fértil, a pesar del gran despliegue de efectivos de seguridad que ingresan a diario para combatir a las bandas que habitan en esos lugares.