El reciente conflicto que afectó el transporte de pasajeros de corta y media distancia en el interior del país, inclusive con efectos en la ciudad de Rafaela y la región debido a que las medidas de fuerza implementadas paralizaron los servicios hacia y desde Santa Fe entre otras ciudades, dejó expuesto el marcado contraste entre los ingresos que tienen mensualmente los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires y el resto de los distritos. La cuestión fue motivo de análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), que aseguró que el paro de colectivos urbanos en el interior se produce por la confluencia de dos factores. Por un lado, el convenio colectivo de trabajo para el transporte urbano lo firman la Unión Transporte Automotor (UTA) y las cámaras empresarias con parámetros de la Ciudad de Buenos Aires para ser aplicado en todo el país. El otro factor, es que a partir de este año se desactivó el mecanismo a través del cual el gobierno nacional subsidiaba el boleto de colectivo en la región metropolitana y las provincias. Este cambio en las reglas de juego implica que mientras los salarios se fijan a nivel central, el financiamiento tiene que ser resuelto a nivel local aplicando aumentos de tarifas, cambiando los servicios o con subsidios locales. 

En este contexto, se pregunta Idesa si es viable pretender aplicar las mismas remuneraciones a todo el país. Una manera de abordar este interrogante es comparando las diferencias salariales según regiones del país. En este sentido, según la encuesta de hogares del INDEC se observa que en la Ciudad de Buenos Aires la remuneración promedio en el conjunto de las empresas privadas asciende a $28 mil mensuales mientras que en las provincias del norte argentino esta retribución es de $15 mil mensuales. Esto significa que en la Ciudad de Buenos Aires se paga casi el doble de salario que en las provincias del norte, subraya el informe.

Por tanto, el análisis lleva a la pregunta de por qué en la Ciudad de Buenos Aires se pagan salarios mucho más elevados que en las regiones menos desarrolladas. La explicación es la mayor productividad ligada al tamaño de mercado, la formación de los recursos humanos, la infraestructura y las mejores tecnologías e innovación, entre otros factores. Frente a brechas de productividad tan grandes resulta inviable para un amplio espectro productivo del interior aplicar un convenio colectivo centralizado definido según los parámetros de la Ciudad de Buenos Aires, advierte el estudio.

En tiempos de elecciones en el que nuevamente sobrevuela el "fantasma" de una reforma laboral que siempre genera resistencia en las estructuras gremiales, el caso de los colectivos es sólo un testimonio de un problema muy antiguo y generalizado del modelo de negociación colectiva en Argentina. De acuerdo al reporte de Idesa, el Estado otorga el monopolio del poder de negociación a un solo sindicato central, que puede ser por actividad, rama u ocupación. Estas entidades y sus pares representantes de los empleadores suscriben acuerdos que tiene extensión automática y obligatoria a todas las empresas, independientemente de si los empleadores y empleados están asociados a las entidades que firman el convenio colectivo. Como el tejido productivo es muy heterogéneo, para muchas empresas, especialmente las pequeñas que son las prevalecientes en el interior, los salarios fijados en los convenios colectivos resultan imposibles de pagar. Esta es una de las principales razones por las cuales en el norte del país más de la mitad de los asalariados privados trabajan en la informalidad.

¿Cómo salir de este círculo poco virtuoso? La consultora propone como solución de fondo romper con la anacrónica regla de imponer convenios colectivos centralizados a todo el país. En este sentido, un paso importante se daría si la Secretaría de Trabajo habilitara instancias de negociación a nivel descentralizado. En el caso de los colectivos urbanos, por ejemplo, las seccionales sindicales de cada ciudad deberían negociar con las cámaras empresarias de la región las remuneraciones y demás condiciones laborales en función de la capacidad de pago del boleto de los habitantes de la localidad y de las posibilidades del municipio de subsidiar el boleto. Así, se podrían adaptar los salarios a las condiciones de cada lugar, tanto en la modalidad de los servicios, los costos de vida de cada ciudad y la situación fiscal de cada municipio.

En Santa Fe, es cierto que las empresas debieron firmar acuerdos con las seccionales de UTA de la capital provincial y de Rosario, pero siempre teniendo en cuenta el salario negociado en Buenos Aires. Y si bien se logró evitar un paro de 48 horas el jueves y viernes pasado a partir del compromiso del Gobierno de la Provincia (también de la Municipalidad de Santa Fe en el caso del transporte urbano de esa ciudad) de aportar fondos, ahora se debe resolver la forma de implementar ese subsidio para que no resurja el conflicto.