Toda la conmoción desatada por el fallo del juez Griesa respecto a los fondos buitre en los Estados Unidos, generando una situación realmente complicada para nuestro país, que aún con toda la proclamada política de desendeudamiento que venía sosteniendo el gobierno en los últimos años, no existe disponibilidad para afrontar pagos en el corto plazo, ha generado que se produzcan revisionismos sobre el tema de la deuda. Muchas han sido las campanas que sonaron en tal sentido, muchas de ellas disímiles, aunque en términos bastante parecidos en cuanto a la deuda que sigue existiendo y que en lugar de reducirse se ha agigantado de manera considerable.
De acuerdo con los últimos datos oficiales que se conocen, que datan de septiembre de 2013, la sumatoria de la deuda pública e interna ascendía a 201.009 millones de dólares, razón por la cual se estima que en este momento la deuda ha llegado a los 250.000 millones, porque desde entonces deben agregarse los intereses devengados por bonos que capitalizan sus intereses, los 6.500 millones emitidos por el acuerdo con el Club de París, más los 3.700 millones adicionales a ese mismo Club de París por los atrasos e intereses punitorios, lo que aún se adeuda del cupón PBI y los 5.000 millones del arreglo con Repsol por la estatización de YPF.
Cuando el default de 2002 la deuda era por todo concepto de 144.500 millones de dólares, y luego en 2005, cuando se hizo el primer canje de bonos, añadió 120.000 millones. Frente a panorama tal, es lógico preguntarse cómo puede haber alcanzado el endeudamiento una magnitud tal cuando el gobierno siempre vino proclamando el desendeudamiento. Es que desde 2006 en adelante, después que por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner se le pagó al FMI casi 10.000 millones de dólares para cancelar toda la deuda -a pesar del bajo interés que se abonaba-, bajo la argumentación de evitar toda injerencia por parte del organismo en la política económica local, para ir cancelando vencimientos con organismos y otros acreedores se comenzó a tomar reservas del Banco Central, préstamos del Banco Nación o recursos de la ANSES, incluso también de otras cajas menores como el PAMI.
Es de tal modo que la deuda de ninguna manera se redujo, sino que cambió de acreedores, pues antes se debía a organismos internacionales y ahora a los entes públicos mencionados. Ese endeudamiento interno, no sólo fue para saldar vencimientos del tipo consignado, sino que también se tomaron recursos para hacer frente al financiamiento fiscal, que desde hace casi tres años viene con las cuentas en rojo.
Pero además la deuda fue subiendo por la capitalización de intereses de los bonos entregados después del canje. No obstante esta circunstancia, y respondiendo al relato que se hace con casi todas las áreas del gobierno, se remarca que la deuda se achicó con relación al tamaño del PBI porque compara la situación actual con la de 2002, cuando la deuda pública era de 144.500 millones de dólares que explicaba el 45% del PBI de ese momento, un porcentaje que es similar al de este momento. Decir entonces que la deuda no se contrajo, sino que mantuvo su volumen e incluso se acrecentó cuando se la compara con el PBI, es no sólo una obviedad sino una certeza.
Algo que debe puntualizarse, y de ese modo lo señala el periodista Ismael Bermúdez en un análisis sobre el tema, es que "lo más importante no es la relación contable entre la deuda y el PBI -que no ha disminuido con relación al 2001- sino que la capacidad de pago de la deuda se ha ido deteriorando por la pérdida de reservas. Como el Estado no tiene superávit sino déficit fiscal, los vencimientos se vienen afrontando con los dólares del Banco Central. Y desde fines de 2011, esas reservas se redujeron a la mitad".
En este momento las reservas disponibles en el Banco Central sólo alcanzan para afrontar los pagos de un año y medio de vencimientos de intereses y capital, con lo cual queda claro que utilizar reservas para el pago de los fondos buitre, dejaría a la entidad prácticamente sin respaldo, lo cual se transformaría en un problema de complicada solución de aquí a diciembre de 2015, que es el plazo en el cual se fija el gobierno para tomar casi todas las decisiones.