El aumento de la circulación de noticias falsas o manipuladas en la actual sociedad atravesada por las tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en una amenaza que puede desestabilizar las democracias modernas. Al menos así lo perciben en modo creciente los gobiernos de países centrales y las grandes corporaciones que dominan en la superficie de internet, la red que acaba de cumplir 30 años desde su surgimiento. 

En la antesala de procesos eleccionarios, la cuestión se ha tornado prioritaria en la agenda pública, más aún después de la experiencia de los Estados Unidos. En un reciente artículo en el que aborda el tema, el diario El País de España advierte que la evidencia de mensajes manipuladores, aunque sin certezas sobre sus efectos, se registró en la batalla electoral estadounidense que dio la victoria a Donald Trump sobre Hillary Clinton y también en el referéndum del Brexit de Gran Bretaña. Desde entonces, los gobiernos han tratado de implicar a las grandes plataformas de Internet como Facebook, Google y Twitter entre otras en la compleja labor de poner freno a los bulos (una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad).

Según este artículo, las redes sociales de carácter más o menos abierto inquietan a las autoridades por ser correa de transmisión de muchas falsedades. Pero más todavía preocupan redes de mensajería instantánea como WhatsApp. “España es uno de los países donde más se utiliza esta aplicación. Además de que los mensajes van cifrados, el problema es que lo que se recibe por esa vía, al ser un mensaje de un contacto personal o de un grupo, tiene más credibilidad que informaciones distribuidas por otros canales”, confiaron al diario las fuentes consultadas de La Moncloa donde se encuentra la sede del gobierno español. El resultado, agrega, es que el usuario dudará menos de esos mensajes, que sin embargo pueden tener efectos muy perniciosos, como se observó en la campaña electoral que instaló como presidente de Brasil al radical Jair Bolsonaro el pasado mes de octubre.

En este marco, una de las claves del éxito de estas estrategias de intoxicación es que resultan baratas y pueden conseguir objetivos de desestabilización que antes requerían muchos más medios. Además, la desinformación no está penada, la atribución del origen resulta compleja y, en última instancia, las sociedades abiertas son más propicias para diseminar cualquier tipo de mensajes, detalla el artículo.

A modo de respuesta, la Unión Europea ha señalado a Rusia como la principal amenaza de interferencia y desinformación para las elecciones al Parlamento Europeo a celebrarse en mayo próximo. Ante la creciente amenaza que se cierne sobre las urnas, el Consejo de Ministros de Asuntos Generales de la UE, formado por los responsables de Exteriores de cada Estado, ha acordado reforzar los sistemas de alerta, potenciar las campañas de información y evaluar a nivel nacional los riesgos de ciberataques. De esta forma, la UE intenta blindar la campaña para unas elecciones europeas que se anuncian como las más importantes y vigiladas desde que se celebraron las primeras hace 40 años.

Al respecto, según El País, Bruselas -la capital de Bélgica donde funciona el gobierno de la unión- teme que la manipulación digital o la viralización de informaciones falseadas y distorsionadas ponga en peligro la seguridad y legitimidad de unos comicios en los que están llamados a participar cientos de millones de ciudadanos en 27 países para elegir a 705 eurodiputados. El riesgo, señalan las conclusiones aprobadas por los ministros de Asuntos Generales, es que los ataques tengan "un profundo impacto en el proceso democrático".

En el caso de España, el Gobierno ha puesto en marcha una unidad contra las llamadas “amenazas híbridas”, con procedimientos de respuesta temprana que mitiguen tanto los ciberataques como la desinformación. Asimismo, el diario consigna que España nunca fue el país más receptivo a las alertas europeas sobre la manipulación informativa. Pero los indicios de que este tipo de mensajes distorsionados prendieron en la crisis de Cataluña -que se tradujo en un frustrado intento independentista- y la certeza de que las próximas elecciones constituyen una coyuntura fértil para la tergiversación han elevado el nivel de alerta.

Ante este oscuro panorama, la batalla se presenta como desigual: mientras existen ya máquinas que diseminan y multiplican los bulos a un ritmo muy superior al que podrían hacerlo usuarios reales en redes sociales, las posibilidades de detectar automáticamente un mensaje engañoso son nulas.

La preocupación por este fenómeno no deja de crecer. Ocho de cada 10 españoles perciben la desinformación como un problema para la democracia, y para España en particular, según el último Eurobarómetro elaborado por el Parlamento Europeo. La unidad contra la desinformación creada por la Unión Europea en 2015, muy centrada en los bulos fabricados desde Rusia, ha desmontado 5.014 falsedades (1.166 de ellas en el último año), según la base de datos de la web Euvsdisinfo.eu.

En última instancia, se cita “el sentido crítico” de los ciudadanos como la herramienta más eficaz para acercarse al mundo digital. ¿Y Argentina?