Los primeros días de julio se hizo público el accionar del jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela, Jorge Pérez, quien decidió guardar -al menos durante 15 años- 257 fetos en formol, de embarazos que no llegaron a término por causas no provocadas. Oportunamente, el Ministerio de Salud de Santa Fe había dicho que iba a trabajar en el tema, pero no se supo más información al respecto. Cabe consignar que el caso del médico originó una causa judicial en nuestra ciudad y tuvo una gran repercusión en los medios más importantes a nivel nacional.
A prácticamente un mes de este episodio, la diputada provincial Matilde Bruera presentó, durante las últimas horas, un proyecto que fue aprobado el último jueves en la Legislatura, a través del cual pide al Gobierno provincial que informe si se inició una investigación administrativa o un sumario al respecto.
De acuerdo a lo consignado por Aire de Santa Fe, la iniciativa solicita que "se indique cuál es el protocolo que se debe cumplir para descartar fetos, procedimiento para el caso en que sean necesarios para investigación científica y la información que debe brindarse a las personas afectadas". Además, pide que se informe "si se solicitó la autorización o el consentimiento informado por parte de las pacientes para conservar los fetos y si se le dio intervención a la dirección del Hospital y si "se ha violado la Ley 26.529 de Derechos del Paciente".
Por último, exige que se dé a conocer si se ha tomado "alguna medida tendiente a proteger a las pacientes afectadas, resguardando su identidad y el respeto a la privacidad a fin de evitar la victimización de las mujeres involucradas".
La noticia provocó la reacción de un sector de profesionales activistas que trabajan por los derechos sexuales y derechos reproductivos en esa provincia que hicieron hincapié en la vulneración de derechos de esas mujeres. Y es que, en lugar de indagar y punir la conducta irregular del médico y el posible incumplimiento de sus deberes de funcionario público -ya que no ajustó sus prácticas a la normativa vigente- se encauza, de forma perversa, en detrimento de los derechos de las mujeres.
Con respecto a esta situación, Pérez argumentó estar contra la norma que establece que esos fetos se deben descartar como residuos biológicos: “Desde 2005, cuando asumí como jefe del servicio, todos los fetos sin vida que llegaron al laboratorio, luego de ser analizados para determinar las causas de las muertes, fueron conservados en frascos con formol al 10%. Nunca me pareció un acto de humanidad descartarlos con los residuos patógenos, como puede ser un tumor o una vesícula. Fue una decisión compartida con los miembros de mi equipo”, se defendió el profesional. “Mi intención era pedir autorización para llevarlos todos juntos al cementerio, pero caímos en cuenta de que esto tenía otra complejidad”.
Según su abogado, Pablo Possetto, el médico ejerció el derecho de objeción de conciencia. En su demanda solicitó que “se ordene la inscripción en el registro civil de Santa Fe de las defunciones de 257 bebés que fallecieron por muertes no provocadas en el seno materno de sus madres (defunciones fetales)”. La Justicia falló a favor y notificó a 241 mujeres de lo sucedido para que autorizasen el acto. El abogado explicó que durante seis meses investigaron qué era lo que la ley establecía respecto a las defunciones fetales ya que la intención principal del médico es que luego de 15 años conservados, sean enterrados en el cementerio.
La justicia también dictaminó que en caso de que las familias no acudan a retirar los fetos, será el hospital quien deberá hacerse cargo del trámite ante el Registro Civil con el apellido de la madre y posteriormente, darle sepultura.
LO QUE DIJO EL
MINISTERIO DE SALUD
Tras conocerse la noticia, el Ministerio de Salud de Santa Fe había indicado que "el hospital comunica que se encuentra trabajando junto a la justicia a fin de conocer en profundidad la situación por la cual la irregularidad en el manejo de restos biológicos se sostuvo en el tiempo y dar contención a las personas que han sido requeridas por la justicia". Asimismo se manifestó que "el gobierno provincial está comprometido con el respeto de los derechos de las personas gestantes que atraviesan pérdidas y también con el respeto de los derechos consagrados en la normativa vigente. Dentro de los cuales se encuentra la protección de su derecho a atravesar por la situación respetando la confidencialidad, el trato digno, el acceso a información oportuna y suficiente, así como el derecho a no ser dañadas o revictimizadas en el paso por los procesos asistenciales".