Ejerciendo la presidencia de Francia (1981-1995), François Mitterrand afirmó algo contundente: “Francia ha tenido necesidad de un poder fuerte y centralizado para hacerse. Ella necesita, hoy día, un poder descentralizado para no deshacerse”. Si la descentralización era la respuesta, ¿cuál era la pregunta?

En realidad la modernización del Estado y del sistema político administrativo ha sido, desde hace bastante tiempo, un imperativo para el desarrollo, estando implícita también en este debate la gobernabilidad. En este marco, la descentralización ha sido la solución para facilitar la articulación e implementación de políticas de desarrollo para lograr crecimiento con equidad, reducir los procedimientos burocráticos, legitimar la política del gobierno y hacer más efectiva la planificación local, tratando de incrementar la eficiencia de las políticas públicas.

Sergio Boisier dice que el proceso descentralizador genera una diferente distribución del poder político en la sociedad, una suerte de nuevo “contrato social” entre el Estado y la sociedad civil. Hoy en día la descentralización cobra nueva importancia, ya no solamente para avanzar en ciudadanía e inclusión social sino también en desarrollo económico. En efecto, se ha llegado a un consenso en que la competitividad no depende solamente de las empresas, de los equilibrios macroeconómicos y de políticas nacionales activas, sino de la capacidad de cada comunidad para encarar su propio desarrollo a través de procesos de concertación público-privada.

Y para esto es indispensable que las ciudades cuenten con más autonomía y más recursos.

PERO, ¿QUE SIGNIFICA

DESCENTRALIZACION? 

En las ciencias sociales la descentralización refiere a las transferencias de servicios, competencias y recursos desde la administración nacional o central de un determinado Estado hacia las administraciones subnacionales: estatales y municipales en los países federales, y regionales y locales en los países constitucionalmente unitarios; siendo dichas transferencias realizadas hacia una entidad con distinta personería jurídica.

Es un proceso que implica la transferencia de una serie de poderes (toma de decisiones, aumento de ingresos, etc.), responsabilidades (prestación del servicio) y recursos (financiero, humano y administrativo) de un nivel estatal (Nacional o Provincial) a otro nivel del Estado (Provincial o Municipal).

El principio básico que acompaña a la descentralización es el de la subsidiariedad. Es decir, sólo corresponde a un nivel de gobierno superior lo que no es transferible a nivel inferior. O como decir que cada organización social es competente para intervenir sobre su propio ámbito (funcional o territorial), transfiriendo “hacia arriba” sólo aquello que el bien común o la tecnología establezca como responsabilidad del ente mayor. Dicho en forma más simple: todo lo que se pueda gestionar desde un ámbito cercano no debe gestionarse desde un ámbito lejano y centralizado.

En distintos momentos y lugares, la descentralización ha sido planteada como un objetivo en el que convergen dos posiciones: la de quienes pretenden disgregar las demandas y conflictos sociales y reducir mecánicamente los gastos de la administración central y la de quienes promueven el relanzamiento económico y la democratización política del Estado, que posibilite la integración y la participación de los sectores más amplios de la población, que trascienda el enfoque político administrativo tradicional y construya una estrategia más equitativa y territorial del desarrollo.

Para que quede claro: no estamos proponiendo la modernización del Estado de la década del 90 dada en Argentina, donde la descentralización se encuadró en un programa de Reforma del Estado que se basó en la privatización de empresas públicas, la desregulación de la economía, la reforma de la administración pública y la transferencia de servicios sociales a las provincias. Esa descentralización tenía más que ver con reducir el tamaño del Estado Central y sus responsabilidades encuadrada en otro proyecto de país. Es importante aclarar esto porque como adelantara Carlos Mattos hace 25 años, lo que está en discusión no es si la descentralización es buena o mala en sí misma sino a que objetivos aparece asociada. De hecho, la configuración de los 90 comenzó a observar al Estado como un obstáculo para la valorización de los capitales, y la estrategia liberal de modernización postuló la desburocratización, la privatización y la descentralización del Estado Nacional.

Por otro lado, la relación entre descentralización y democracia debe ser puesta en su contexto histórico, porque en no pocos casos la centralización ha sido un requisito para, precisamente, dar paso posterior a una democracia descentralizada. Pensemos el caso de Francia o la Argentina de los años 50 cuya centralización previa tuvo por propósito consolidar la construcción de un Estado/Nación. Por eso Mitterrand dijo lo que dijo.

LA DEMOCRACIA LOCAL

Por otra parte, desde hace más de 20 años, cada vez con mayor preponderancia las comunidades locales asumen funciones y asignan recursos para afrontar nuevos problemas y desafíos. La asunción de estas nuevas competencias, muchas veces, son inherentes a otros niveles de gobierno, generalmente del Estado Provincial.

Pongamos un ejemplo, el presupuesto de la Municipalidad de Rafaela para el año 2013 asigna 10 millones de pesos a diversas acciones de seguridad pública. Podríamos mencionar también los millones de pesos destinados a educación, salud pública, desarrollo económico, entre otras tantas competencias para las cuales los municipios en Santa Fe no fueron creados ni tienen mandato jurídico para abordarlas. Al decir de los españoles, “competencias impropias de los ayuntamientos”, aquellos servicios que los municipios tienen que pagar y que son competencia de otras administraciones del Estado.

Esto requiere un replanteo de las políticas públicas que lleva adelante el Estado y repensar una descentralización que tenga en cuenta estas realidades a nivel local y regional.

Todos los municipios de la provincia de Santa Fe (no importa cual partido gobierne hoy circunstancialmente) consideran que en los últimos 20 años comenzaron a llevar a cabo acciones y políticas públicas diferentes para los que habían sido creados. Este cambio implicó una asignación de recursos públicos para afrontar estas funciones sin que se produjeran modificaciones sustanciales en el esquema tributario municipal. Dicho de otro modo, no cambiaron ni la estructura de ingresos propios ni la coparticipación de impuestos. Esto demuestra también que el Estado Provincial estuvo ajeno a esta mutación del sector público local.

A decir verdad, esto ha sido así tanto acá como en el resto de América Latina. Algo está claro: los procesos de desarrollo territorial no han sido consecuencia ni han sido apuntalados por políticas de descentralización sino más bien han sido producto de procesos endógenos.

OTRO DESARROLLO

¿OTRO ESTADO?

El desafío en un mundo que está redescubriendo el territorio, donde los cambios tecnológicos y la producción de conocimiento marcan el ritmo de la complejidad actual, es repensar el Estado en el cambio de época.

Nosotros creemos que la descentralización no puede entenderse sólo como un simple problema de transferencia de competencias y de recursos, ni sólo en el sentido de mejorar las formas de representatividad política; sino como el rediseño del conjunto de la estructura del Estado.

Se trata de una modificación en el patrón de distribución del poder, un cambio de la estructura societal, una transformación de las relaciones entre los sectores gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. 

No se trata de producir modificaciones parciales sino de crear un nuevo Estado.