En una sociedad donde la corrupción está enquistada hasta lo más profundo de sus estructuras, la decisión política de avanzar contra estas prácticas delictuales requiere una gran firmeza, con una persecución implacable del aparato judicial y la aplicación de condenas ejemplares a los responsables, sean funcionarios públicos y cómplices del sector privado. En la Argentina se han registrado en los últimos años señales positivas, incluso con un ex vicepresidente encarcelado y con un ministro en prisión, pero no parece todavía crecer entre nosotros una cultura de la transparencia y una necesaria intolerancia a los corruptos. 

Con este trasfondo, ahora es noticia la petición on line para que el Congreso de la Nación apruebe una ley de protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción en la Argentina. La iniciativa impulsada por Carlos March, ex director de Poder Ciudadano y actual integrante de la fundación Avina, a través de la plataforma Change.org, y ya lleva recolectadas 31.297 adhesiones de ciudadanos. En los fundamentos, sostiene que es necesario proteger a las personas que denuncian la corrupción en Argentina porque hoy no están protegidas como debieran. En tal sentido, advierte que los países que tienen altos índices de corrupción son los menos desarrollados y también son los de mayores niveles de pobreza. Además, considera que la corrupción es por naturaleza poco visible y clandestina pues nadie pide recibo cuando paga coimas.

En ese marco, se solicita que el Congreso de la Nación apruebe una ley de protección a testigos y denunciantes de casos de corrupción. Al respecto, puntualiza que el Estado debe contar con un sistema de protección que asegure asistencia jurídica, psicológica y económica a toda persona denunciante de ilícitos cometidos en perjuicio de los fondos públicos. Así como actualmente se premia al testigo arrepentido con una reducción de su pena, también debería hacérselo, a modo de incentivo, con quien denuncia de buena fe hechos de corrupción sin estar involucrado en los mismos indica la presentación. 

Además se propone que sea un programa que funcione bajo la órbita del Poder Judicial y no, como ahora, que depende de la discrecionalidad del Ministerio de Justicia a la vez que lamenta que en la actualidad sobre 24 provincias, existen 17 subsistemas de protección, todos absolutamente descoordinados entre sí y que en general no comprenden los casos de corrupción. En el marco de esta campaña, se sostiene que proteger a los testigos y denunciantes de corrupción es salvar vidas. Así, se insiste en que la corrupción mata: las 51 víctimas fatales del accidente de tren en la estación Once y los 194 muertos en el incendio de Cromañón son dos pruebas irrefutables.

Por último, subraya que un denunciante protegido es un testigo a salvo. Y que un testigo a salvo que llega a declarar en un juicio rompe la impunidad, aporta pruebas para condenar a los corruptos y elementos para recuperar los activos de las mafias.

En la V Conferencia de la ONU contra la Corrupción, celebrada en Panamá en noviembre de 2013, la corrupción fue dimensionada no sólo como un problema que afecta a los países en desarrollo, sino como una preocupación global, uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la comunidad internacional, un peligro común que requiere de los gobiernos medidas más adecuadas y eficaces para ser erradicado.

En el libro titulado "Sistemas de denuncias y de protección de denunciantes de corrupción en América Latina y Europa", de los investigadores Franz Chevarría y Martha Silvestre, se alerta que la corrupción amenaza el desarrollo económico y social al limitar la inversión y los recursos disponibles para las políticas públicas, distorsionando la asignación de fondos y las prioridades. Además, socava de manera importante la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y contribuye a la inestabilidad política. Según el Foro Económico Mundial, el costo de la corrupción

equivale al 5% del PIB global e incrementa los costos de hacer negocios en un 10%. El Banco Mundial estima que el dinero pagado en sobornos por las empresas privadas al sector público, tanto en países ricos como en países en desarrollo, supone un billón de dólares al año.

De acuerdo a la publicación, los gobiernos de América Latina y de la Unión Europea de que la lucha contra la corrupción no puede estar centrada solo en el papel de los servidores públicos, sino que requiere la corresponsabilidad entre todos los actores de la sociedad. En este sentido, la denuncia de actos de corrupción y la protección de denunciantes son dos de las herramientas claves en la promoción de la rendición de cuentas gubernamental y privada. Para que los ciudadanos ejerzan su derecho se precisa un cambio cultural en las organizaciones y que los denunciantes sientan que su confidencialidad y protección frente a posibles represalias y acciones discriminatorias están garantizadas. En esta dirección se inscribe el pedido de March por estos días en la Argentina para que el Congreso otorgue protección a quienes denuncian actos de corrupción.