A la Argentina le cabe con exactitud aquel viejo refrán utilizado para hacer referencia a una persona u organización fuertemente endeudada, es decir somos un país que a cada santo le debe una vela. En realidad, es cierto que tiene una deuda superior a los 300 mil millones de dólares pero no precisamente a los santos sino al Fondo Monetario Internacional o "inversores" que en algunos casos devienen en fondos buitre que rapiñan las arcas de un Estado acostumbrado a vivir sin demasiada plata porque siempre gasta más de lo que tiene. 

No es un tema nuevo sino que de tanto en tanto recupera lugares en la escala de problemas. Para una familia, un comercio, una industria, una empresa de servicios, una organización deportiva o social y los gobiernos es insostenible avanzar y funcionar cuando gastan más dinero del que ganan. Y Argentina sí lo hizo, hasta ahora. ¿Es un país viable en estas condiciones?

De acuerdo al último reporte del Instituto de Desarrollo Social Argentino (Idesa), Argentina lleva más de medio siglo con el sector público gastando por encima de lo que recauda. Con ojo crítico, considera que el alto y sistemático déficit fiscal lleva a emisión espuria que genera inflación, crecimiento insostenible de la deuda pública y un entorno anti-exportador que motoriza la restricción externa y obstaculiza el desarrollo social. Todos los males parecen confluir en este país del fin del mundo como lo calificó Francisco, el papa argentino. 

Al repasar el último año, consigna que el 2018 había comenzado con una tasa de inflación de 25% anual y en descenso, pero terminó con un crecimiento de los precios del orden del 47%. El nivel de deuda pública equivalía al inicio del año al 57% del Producto Bruto Interno (PBI) pero termina con un nivel de 95% del PBI. El explosivo aumento en las tasas de interés paraliza la inversión y la producción incidiendo muy negativamente sobre el nivel de empleo formal. 

Para explicar este frustrante desempeño, el diagnóstico oficial identifica como principales causantes a la mala cosecha del 2018 y las condiciones desfavorables en los mercados financieros internacionales. Sin embargo, desde la otra vereda, entre la mayoría de la oposición la atribución es a los errores del gobierno nacional.

Así las cosas, un enfoque alternativo es indagar si este rebrote recesivo, inflacionario y de alto endeudamiento público obedece a factores circunstanciales o, por el contrario, responde a causas más estructurales. Planteado de esta manera, sostiene Idesa en su informe, aparece como muy pertinente analizar la dinámica de las cuentas públicas en las últimas seis décadas. Al respecto, según información publicada por el Ministerio de Hacienda nacional se observa que entre 1961 y el 2002 pasaron 42 años de los cuales todos fueron deficitarios y los ingresos genuinos del Estado nacional sólo alcanzaron a financiar el 80% del gasto. En tanto, entre el 2003 y el 2008 fueron los únicos años superavitarios donde los ingresos del Estado superaron en promedio un 5% el gasto público. Y entre 2009 y el 2018 pasaron otros 10 años los cuales todos volvieron a ser deficitarios y los ingresos del Estado apenas financiaron el 90% del gasto público.

De acuerdo al documento, estos datos muestran que en los últimos 58 años hubo 52 con déficit fiscal. Los únicos años excedentarios registrados entre el 2003 y el 2008 responden más a artilugios contables que a genuina solvencia fiscal. En este periodo, los gastos estuvieron artificialmente reducidos porque no se pagaba deuda externa por el mega-default del 2002 y las jubilaciones y salarios públicos estaban licuados con el rebrote de la inflación. Si se hubiese registrado en la contabilidad pública los juicios de los acreedores internacionales y de los jubilados, esos años también hubiesen sido deficitarios.

Por tanto, podemos afirmar que se acumula más de medio siglo de déficits sistemáticos durante los cuales sólo se alcanzó a financiar con recursos genuinos, en promedio, el 85% del gasto público. ¿De qué otra manera puede financiarse un déficit fiscal estructural y permanente del orden del 15% del total de los gastos si no es con emisión monetaria y/o endeudamiento público? pregunta Idesa. 

En este contexto, dado que no hay vías alternativas, las consecuencias previsibles son la alta inflación y el exceso de endeudamiento que lleva al default. La actual crisis encuadra dentro de esta misma lógica. Por eso, remarca el reporte, es erróneo basar las explicaciones en hechos circunstanciales como la sequía, el contexto internacional o las malas  estrategias del gobierno nacional.

Para la consultora, mientras el sector público sea estructuralmente deficitario no hay posibilidades de emprender el desarrollo económico y social. Si bien la Argentina cuenta con un sector productivo muy competitivo, sus posibilidades de exportar y generar divisas son cercenadas por un Estado degradado que genera impuestos distorsivos, insuficiencia de infraestructura, escaso apoyo al desarrollo tecnológico, altas tasas de interés, alta inflación e incertidumbre de largo plazo.

En otras palabras, para superar la restricción externa hay que ordenar el Estado, concluye Idesa.