Con la corrupción enquistada en todas las estructuras del Estado, que a veces se hace visible pero tantísimas otras no, la desconfianza social en el funcionario, en el legislador o en el juez es una consecuencia inevitable. La falta de transparencia en las instituciones, más allá de los positivos avances que se han registrado en los últimos años de la mano de iniciativas al estilo de "gobierno abierto", procesos de auditorías acompañados por organizaciones de la sociedad civil u organismos tipo la Oficina Anticorrupción, es una creencia fuertemente instalada entre los argentinos, que sospechan sobre los objetivos de los políticos para llegar a cargos legislativos o ejecutivos. Se coincide en que los candidatos buscan salvarse, quizás enriquecerse con su paso por la función pública y si los dejan ubicar a sus familiares y amigos en el Estado de una vez y para siempre.

Ahora bien, los candidatos presidenciales como así también a senadores y diputados nacionales de todas las fuerzas que competirán en las elecciones generales del 27 de octubre tienen plazo para presentar su declaración jurada patrimonial hasta el 20 de septiembre. Sucede que a partir de la reforma de la Ley de Ética Pública, los postulantes proclamados a cargos electivos nacionales se encuentran obligados a la presentación de una Declaración Jurada Patrimonial Integral (DDJJ). 

La sensación predominante de tantísimos argentinos es que los dirigentes políticos o funcionarios no están interesados en revelar su patrimonio. Debería ser una condición sine qua non para ejercer un cargo público ya no la presentación de una DDJJ que se guarda bajo siete llaves sino la publicación en un sitio web abierto para que todos sepan qué tiene alguien que ingresa a la función pública y sobre todo saber qué tiene cuando se retira de la actividad. 

No importa si tiene una casa o un auto o mil empresas, solamente se necesita un sinceramiento para empezar a generar confianza con la gente. De la misma manera, tal como lo hemos reiterado en más de una oportunidad, los legisladores deberían blanquear la cantidad de asesores ya sea en la Legislatura de Santa Fe o en el Congreso Nacional. Juegan al misterio y no blanquean el nombre de sus colaboradores, aumentando las sospechas de la sociedad sobre manejos poco claros de los fondos disponibles para gastos de representación o nombramientos de personal. En un país con una enorme crisis de confianza, lo primero que piensa el ciudadano común es que tal o cual legislador seguro designará a un hermano o a un hijo para que lo acompañe en la tarea. Sobran los casos de cuasi "empresas de familias" dentro del Estado o un poder legislativo de todo nivel. 

Hace dos meses, el Equipo de Investigación de Perfil Educación publicó datos sobre el patrimonio de los políticos que ya presentaron declaraciones juradas porque ocupan cargos públicos. En tal sentido, Mauricio Macri, candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, informó poseer bienes por casi 100 millones de pesos, que en su mayor parte son inversiones en títulos públicos y privados.

Sin embargo, los otros dos principales competidores por la Presidencia, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, no respondieron a los reiterados pedidos del Equipo de Investigación de Perfil para brinden información sobre sus posesiones teniendo en cuenta que sus declaraciones de bienes no son públicas por no ocupar cargos públicos desde hace años. Si bien no tienen la obligación de hacerlo, tienen la oportunidad de mejorar la percepción de la sociedad hacia la política confesando sin pudor cuáles son sus patrimonios. Sin duda que perdieron la chance de hacer la diferencia, al contrario alimentaron más esa sospecha de que los políticos siempre quieren llevar agua para su propio molino antes que transformar la realidad en beneficio de todos. 

Es una cuestión de ética. O de falta de ella. En el Poder Judicial, donde debieran sobrar los buenos ejemplos de decencia, verdad y justicia, lamentablemente la situación no es tan diferente. No hubo un impulso propio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en revelar qué tienen sino que solo aceptaron hacerlo en julio de este año tras un reiterado pedido efectuado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que debió insistir durante 6 años para lograr el resultado deseado. ¿Por qué tanto? Debiera haber bastado con la primera solicitud. 

En un documento en el que pondera la "decisión histórica" de los miembros del máximo tribunal, la entidad dice con gran razón que la publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administración de los recursos públicos. Esta herramienta, agrega ACIJ, es reconocida como una de las más efectivas para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, motivo por el cual es una obligación presente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Nada más que agregar, señor juez.