En cada gobierno provincial del último decenio es reflotado el proyecto para construir una cárcel regional, pero a decir verdad solamente son propuestas que bien podrían incluirse en una campaña política.

La novedad actual es el proyecto impulsado por la Provincia, brindando detalles Pedro Morini, director regional de Seguridad del Nodo Rafaela, en una entrevista con LA OPINION. “Por orden del ministro Raúl Lamberto se está buscando un terreno apropiado. La idea es arrancar cuanto antes, si es posible este mismo 2015, ya que Rafaela es el único nodo que no dispone de una cárcel”, señaló el funcionario provincial.

Estiman que para fines del 2016 el nuevo sistema Procesal Penal aportaría unos 100 nuevos presos en el Nodo y a eso se suman los 90 presos que ya hay hoy alojados en las cuatro alcaidías: Rafaela, Tostado, San Cristóbal y Sastre.

El Código Urbano de Rafaela no permite por ordenanza la construcción de una cárcel en nuestra ciudad, por lo que si se planea hacerla aquí, necesariamente se impone una modificación al Código Urbano.

En mayo de 2008 este Diario quiso conocer cuál era la percepción entre los ciudadanos de Rafaela en torno a una posible construcción de una cárcel, encargando un sondeo de opinión a la consultora OPI, a cargo de Fernando Algaba.

El grado de oposición al proyecto de hacer una cárcel en la ciudad fue mayoritario e indiscutible. El 63% de los encuestados respondió negativamente ante la pregunta "¿Apoya el proyecto provincial de construir una cárcel en Rafaela?".

En relación a cuál sería el lugar más apropiado para construirla, se señaló en la consulta de hace 6 años que lejos de la ciudad (67%), destacando algunos lugares dentro del ejido municipal como los accesos a la ciudad, al sur, al norte, al noreste, en la zona del autódromo, en la zona de "Campo Alegre", camino a Lehmann, a Susana, o a Bella Italia, entre otros.

A los pocos días de publicada la mencionada encuesta, Algaba fue a Coronda para consultar sobre el funcionamiento de la cárcel, ubicada a 146 km de Rafaela. Fue construida en 1933 y prácticamente creció a la par de la comunidad, por lo que pasó a ser una institución más dentro de esa ciudad. De mucha importancia porque otorga empleo a gran cantidad de personas. Para la mayoría de los vecinos la cárcel no genera problema y se puede palpar una sensación de vida normal a pesar de la penitenciaría. Sin embargo, fueron señalados algunos puntos que permiten concluir en que la instalación de una futura cárcel trae aparejado algunos fenómenos, como el temor permanente de que algo ocurra en casos de amotinamientos y fugas. La comunidad corondina acepta la cárcel en buen grado pero reniega de algunos inconvenientes.

En lugar de gastar tiempo y dinero en posibles lugares a comprar para construir un penal, en la ciudad de San Cristóbal -ubicada a 112 km de Rafaela- están ociosos cinco cuadras con galpones del ex ferrocarril Belgrano -fueron construidos por los franceses-, y podrían reciclarse para los pabellones de los presos, según contó un lector rafaelino, quien tiene campo en la zona del departamento San Cristóbal. De servir esta propuesta, la Provincia debería gestionar los terrenos al Estado nacional. En esos galpones funcionaron los talleres y no sería extraño que estén en desuso las maquinarias que bien podrían servir para distintos trabajos de los presos.

Si hacemos un poco de historia de los últimos 10 años, en 2005 fue sancionada la ordenanza Nº 3.770, cediéndose a la Provincia un predio de 68.073 m2 en el barrio Monseñor Zazpe, con el cargo de la construcción de una nueva alcaidía, que posteriormente se transformó en la Unidad Penitenciaria Nº 15. La construcción fue adjudicada a la empresa Regam SA (luego AMG Construcciones), pero la obra nunca comenzó. 

Dos años y medio después, el atraso en los pagos para las obras de cloacas y los anuncios en la licitación para el equipo de Radioterapia, el Concejo Municipal resolvió recuperar el terreno que había cedido a la Provincia. Como la Provincia nunca lo había aceptado, legalmente podía recuperar algo que había entregado.

Un poco más lejos, en 1943, el doctor José Gutiérrez -entonces diputado por el departamento Castellanos- había presentado un proyecto para que se destinen 200.000 pesos para la adquisición de un terreno y la construcción de una cárcel de encausados en Rafaela. 

Más allá de la polémica y el sano debate sobre el proyecto de una cárcel regional, ciertamente no hay en el Nodo Rafaela (comprende los departamentos Castellanos, San Cristóbal, 9 de Julio y parte del San Martín), pero en caso de avanzar están en desuso los mencionados galpones ferroviarios en la ciudad de San Cristóbal. Además del lugar, también hay que pensar en la reinserción social de los futuros presos para que cuando recuperen la libertad no vuelvan a reincidir en nuevos delitos.