Un nuevo conflicto entre el poder central y los gobiernos de las provincias se ha desatado a partir de las medidas dispuestas a través de un decreto días después de las elecciones primarias del 11 de agosto por el Presidente, Mauricio Macri, que habilita el recorte de impuestos como el IVA y Ganancias. Como ambos tributos son coparticipables, la decisión afectará a la baja los ingresos de las provincias, que han formalizado su malestar mediante la presentación efectuada este lunes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, es decir sobre si está bien o mal que el Gobierno nacional implemente un paquete de medidas que les significará una merma de 35 mil millones de pesos coparticipables.
Un total de 16 de 19 provincias, entre ellas Santa Fe, llevan adelante este reclamo judicial en el que plantean que no pueden hacerse cargo de los problemas generados por la política instrumentada desde Casa Rosada. También se quejan se las formas, puesto que las medidas fueron de urgencia y unilaterales mediante un decreto sin ningún tipo de consulta a las provincias.
En esta Argentina acostumbrada a improvisar, siempre obligada por las crisis económicas que luego derivan en sociales, las medidas que apuntan a darle un mínimo de oxígeno al bolsillo de los argentinos son bienvenidas desde ese lugar pero justo es reconocer que fueron gestadas por el Gobierno nacional como reacción a la derrota electoral, muy amplia por cierto. No fue un acto desesperado por el estado de emergencia de las familias y pymes argentinas sino un acto para sobrevivir en política, esto es para recuperar una mínima chance de cara a las elecciones generales de fines de octubre.
Hasta el 11 de agosto, los reclamos elevados desde distintas organizaciones sociales y empresariales no fueron tenidos en cuenta. Debió pasar el desastre, desde la posición del Gobierno, en las urnas para que se advierta la magnitud de la crisis y sus consecuencias.
A propósito de las rebajas en la alícuota del IVA en un grupo de alimentos que conforman la canasta básica, un trabajo de la revista Parlamentario señala que la cuestión no es nueva en el Congreso de la Nación: desde 2015 hay una veintena proyectos presentados por legisladores de distintos bloques, entre ellos pertenecientes a Sergio Massa y José Luis Gioja, hoy alistados en el Frente de Todos, que apuntan en esa dirección.
Numerosos proyectos para eximir, reducir o reintegrar el IVA que se aplica a los alimentos de la canasta básica ingresaron a las cámaras legislativas sin poder avanzar demasiado, a la vez que se abrió una discusión en plena campaña electoral. Cuando el candidato presidencial Alberto Fernández cuestionó las medidas, el ministro de Producción, Dante Sica, le recordó que esa iniciativa forma parte de su propia plataforma electoral. En efecto, en el ítem Desarrollo Social, el Frente de Todos sostiene en su plataforma web que “es obligación del Estado garantizar el derecho humano a que todas las familias accedan a la canasta básica de alimentos a través de la eliminación del IVA a los productos que la componen”.
Según el artículo de Parlamentario, Massa presentó en 2017 un proyecto de “tasa cero” del IVA para productos de la canasta básica, que fue acompañado por la firma de una decena de legisladores, entre ellas la de Margarita Stolbizer quien a su vez tenía su propia iniciativa en el mismo sentido. En ese momento, Marcos Peña, actual jefe de Gabinete, calificó como "una chantada" la propuesta del legislador hoy asociado al kirchnerismo al tiempo que consideró que tenían un costo fiscal "imposible" de asumir.
Un año después, Gioja, junto a la sanjuanina Sandra Castro, propuso una disminución del 50% del IVA. “En un contexto como el actual se hace imperante llevar adelante una modificación al IVA respecto a la canasta básica para proteger la situación de las familias ante la escalada de precios a consumidores”, sostuvo el sanjuanino en los fundamentos de su proyecto. Por fuera de la grieta, impulsó la exención del IVA el senador del Movimiento Popular Neuquino Guillermo Pereyra, quien además propuso contemplar en la exención a los servicios de gas, energía eléctrica y provisión de agua para domicilios destinados a vivienda.
Ninguno de todos esos proyectos prosperó. Pudo más un decreto de necesidad electoral del gobierno y urgencia del bolsillo de los argentinos. De políticas de estado mejor ni hablar.