El año electoral 2011 fue muy bueno para el kirchnerismo por los resultados obtenidos en las urnas, pero en cambio muy negativo desde lo financiero, ya que fue el de mayor déficit desde 2003 a la fecha, con un rojo de 34.000 millones de pesos en las cuentas públicas, consecuencia poco menos que directa del notable aumento que tuvieron los gastos, esencialmente destinados al fomento de la gestión por la instancia frente a las urnas. 

Se arribó a cifra tal, ya que sobre el mismo cierre del año y a través de un decreto de necesidad y urgencia el gobierno amplió el gasto de 2011 en algo más de 21.000 millones de pesos, con lo cual no hizo más que blanquear los gastos, elevando el déficit a los ya consignados 34.000 millones, que incluso quedó anclado en esa cantidad debido a algunos maquillajes convenientemente aplicados en las cuentas, pues de lo contrario se habría arribado a algo más de 50 mil millones.

Este decreto ampliatorio, firmado el último día hábil del mes de diciembre, incluye además una instancia que alcanza a los empleados públicos, ordenándose revisar todo el programa salarial, de modo especial en el cobro de adicionales y horas extras, que podría afectar los ingresos de unos 300.000 empleados, los que con esos agregados en muchos casos llegan hasta duplicar sus salarios nominales. 

Según la Asociación Argentina de Presupuesto -y como lo comenta el periodista Ismael Bermúdez, un especialista en temas relacionados con las finanzas públicas- el decreto en cuestión amplió los gastos del año pasado en 21.254 millones de pesos, de cuyo total sólo 6.791 millones serán cubiertos con una mayor recaudación, ya que los restantes 14.463 millones serán afrontados con un mayor endeudamiento, lo cual consecuentemente se traduce en el incremento del déficit. Estas cantidades se agregan a otro decreto similar fechado unos días antes por 4.107 millones.

Claro, que en estas cuentas todavía resta incluirse el balance del mes de diciembre, el cual tradicionalmente es muy abultado en cuanto a los gastos, ya que durante el mismo se deben incluir los dineros correspondientes al pago del medio aguinaldo, razón por la cual una vez que se conozca el cierre de cuentas de diciembre, y por ende del 2011, lo que sucedería recién a fines de enero, entonces se dispondrá del monto que alcanzará el déficit, seguramente por encima de los 34.000 millones referidos al comienzo, que es la cantidad que se maneja por lo conocido y lo estimado de diciembre. Una importante ayuda, como metodología de disfrazar las cuentas públicas, será computar como propios fondos del Banco Central y la ANSES por unos 17.000 millones de pesos, una variable que se vino manejando casi todo el año, obteniendo recursos de organismos paralelos y de finanzas independientes, mediante los cuales se financió el funcionamiento del aparato estatal.

Debe recordarse que el presupuesto de 2011 fue elaborado con una pauta de superávit de 1.443 millones de pesos, pero muy rápidamente los números proyectados fueron siendo superados por la realidad de los gastos, que evolucionaron muy por encima de los ingresos en forma porcentual, lo cual hizo que ya en septiembre se admitiera que se produciría un déficit de 12.000 millones, aunque esa meta fue rápidamente incumplida, pues de ahí en adelante se fueron sucediendo los decretos ampliatorios de gastos, produciendo hasta ahora un desequilibrio financiero conocido de 34.000 millones, al cual habrá que sumar el déficit de diciembre.

Esta realidad, es la que llevó de apuro al gobierno a disponer la quita de subsidios a servicios públicos como el transporte, el gas, la energía eléctrica y el agua, para ir tratando de enjugar el enorme déficit que podría registrarse en este 2012 si no se toman medidas muy fuertes de contención de gastos. Todo fue tan rápido e improvisado, que tras el anuncio de la quita de subsidios, hubo una confusión muy grande en cuanto a la implementación de la medida, recordándose además que esa no era la intención del gobierno -que cambió totalmente sobre la marcha-, pues en el proyecto de presupuesto para 2012 que fue aprobado a libro cerrado, sin discusión alguna en el Parlamento al prevalecer la mayoría oficialista en tal sentido, se incluye una ampliación del 20% para las partidas destinadas a estos subsidios que ahora están eliminándose.

Como se advierte, las cuentas públicas de claridad tienen muy poco.