No es buena señal que funcionarios del gobierno nacional se suban a un avión un domingo a la tarde para viajar a una capital de una provincia del noroeste argentino para celebrar un triunfo electoral que no definía a las próximas autoridades sino que sólo se trataba de las primarias para establecer la grilla definitiva de candidatos para las generales del 17 de mayo en ese mismo distrito. ¿Quién paga la factura de semejante despliegue de funcionarios y legisladores que, curiosamente, también son precandidatos en el marco del Frente para la Victoria? 

Seguramente no son gastos excesivos teniendo en cuenta los presupuestos globales de campaña, pero importa en el plano de lo simbólico. Es decir, la austeridad no parece estar en el manual de la gestión de la cosa pública en tiempos donde el déficit del tesoro no es menor, por lo que se deberían extremar la prudencia en el uso de los fondos de todos para que el gasto sea eficiente. 

Los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli, y de Entre Ríos, Sergio Urribarri, junto al ministro de Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, precandidatos presidenciales del Frente para la Victoria coincidieron en el festejo de Juan Manuel Urtubey. Se sumaron el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Aníbal Fernández, el ministro de Defensa, el santafesino Agustín Rossi y otros funcionarios, como Wado De Pedro, hoy a cargo de la Secretaría General de la Presidencia. 

Al parecer nadie quería quedar fuera de la foto pero además, en momentos en que crecen las voces que apuntan a un supuesto agotamiento del modelo económico, aprovechar la ocasión para relacionar el resultado electoral de las primarias de Salta a un respaldo indirecto a la política del gobierno nacional. Esta lectura se puede hacer perfectamente, y no está mal, pero sin alimentar la duda de cómo se pagaron los costos de los viajes en avión hacia Salta. 

El divorcio entre la gente común y la política comienza en estos detalles. No queda claro de dónde sale el dinero para pagar una foto, a priori, demasiado cara. La certeza es que salen de las cajas públicas hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, todos los argentinos aportaron centavos o algo más para que Randazzo haga su campaña, muy sonriente, en el escenario salteño. Los entrerrianos deberían exigir a Urribarri y los bonaerenses a Scioli que pongan luz sobre sus cuentas para financiar sus proyectos electorales. O bien que estos candidatos se tomen la molestia de ser transparentes y diferenciar de qué bolsillo sale el dinero para solventar su campaña. 

El debate también debería comprender una segunda cuestión: lo que sucede cuando un funcionario es candidato y comienza a darle mayor publicidad a las acciones que impulsa o ejecuta en su área. Es evidente que en los actos de una gestión se esconden acciones de campaña, desde anuncios de obras públicas hasta recorridas para mostrar el avance de determinadas iniciativas. 

Dice la ONG Poder Ciudadano que "el dinero que se invierte en las campañas es lo que les permite a los partidos publicitar sus propuestas y, por ende, obtener una mayor visibilidad y una mayor cantidad de votos" y que "conocer quién financia las campañas y de dónde proviene ese dinero permite explorar las posibles motivaciones de los candidatos en sus planes de gobierno". Además, la entidad recuerda que hasta 2009, las agrupaciones políticas estaban autorizadas a recibir aportes de cualquier persona física o jurídica, pero una serie de reformas implicaron que desde ese año sólo pueden recibir contribuciones y donaciones de personas físicas. 

En la actualidad, la ley de financiamiento de los partidos políticos establece que una vez finalizada la elección debe presentarse ante la Justicia un informe final detallado de los aportes públicos y privados recibidos y de los gastos de campaña. 

Sin embargo, los pliegues de la política en lo que hace a la comunicación de los actos de gobierno aún impide que la transparencia sea mayor. Desde 2011, los partidos políticos no pueden contratar espacios audiovisuales para hacer campaña y deben conformarse con utilizar aquellos espacios provistos por el Estado y asignados mediante sorteo. El argumento para sostener esta norma es la equidad y la acotación de los gastos de campaña, indicaron desde Poder Ciudadano. No obstante, sin regulación de la publicidad oficial el efecto se advierte una notable asimetría en la competencia. "Si bien existe una prohibición para la publicidad de los actos de gobierno sobre las dos últimas semanas de la campaña, esta no recae estrictamente sobre la publicidad oficial sino solamente sobre aquellas comunicaciones que estuvieran vinculadas a inauguración de obras públicas, lanzamiento de nuevos programas", advierte la ONG.

De esta forma, es preocupante que "la falta de regulación genera asimetrías entre aquellos partidos que buscan acceder a un cargo político y aquellos que ya se encuentran en cargos ejecutivos y por ejemplo buscan la reelección, ya que pueden hacer un uso discrecional de la publicidad oficial para captar el voto".