La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió ayer ser querellante y designó a José Ubiera y Marcos Aldazabal como sus posibles abogados en la causa que investiga el intento de asesinato en su contra. A la vez, adelantó que "cuando lo considere oportuno" también accionará civilmente con el patrocinio de Gregorio Dalbón.
Cristina Kirchner identificó como responsables iniciales del ataque a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos detenidos por disposición de la jueza María Eugenia Capuchetti. Pero, además, anticipó: "Ejerceré los derechos que me corresponden como acusadora privada respecto de toda otra persona cuya responsabilidad surja de la investigación". Ello implica que la querella podría extenderse en lo inmediato contra Agustina Díaz, quien fue detenida esta madrugada en la localidad bonaerense de San Miguel por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
"Además, solicito que se dé acceso urgente al expediente electrónico a mis abogados, Ubeira y Aldazábal", reclamó la vicepresidenta.
El carácter de querellante le permitirá a la segunda en la línea sucesoria presidencial tener acceso al expediente, controlar las medidas de prueba que se produzcan, presentar testigos y proponer medidas para el esclarecimiento del hecho.
"Cuando lo considere oportuno, me constituiré como actora civil", anunció además. Ello significa que también podrá reclamar un resarcimiento u otras medidas no penales en el marco del ataque del que fue víctima. El escrito ya fue presentado ante la jueza Capuchetti.

ULIARTE Y SABAG MONTIEL 
Y UN DEPARTAMENTO VECINO
Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel querían alquilar un departamento frente al domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, según la nueva información extraída del teléfono celular de la joven. Los detenidos hablaron de alquilar un departamento frente a la casa de Cristina en Recoleta, antes de que el ciudadano brasileño (35) le gatillara desde corta distancia a la ex mandataria la noche del pasado 1° de septiembre.
Por otro parte, la jueza federal María Eugenia Capuchetti concretó ayer la detención de una tercera investigada por el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta. Se trata de una amiga de Brenda Uliarte, la novia del brasileño Fernando Sabag Montiel y con quien se comunicó después del ataque a Cristina, perpetrado en la noche del jueves 1° de septiembre pasado, cuando la titular del Senado saludaba a militantes en la puerta de su casa.
La detención de la mujer, identificada como Agustina Díaz, se produjo en el contexto de tres allanamientos que se registraron en la madrugada de este martes, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en la Capital Federal, llevados a cabo por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Díaz, en tanto, sería una amiga muy cercana de Uliarte, pero según fuentes con acceso al expediente no tiene vinculación con el grupo conocido como "Los Copitos", dado que vendían en la vía pública algodones de azúcar. Durante los allanamientos realizados en las últimas horas fueron secuestrados "celulares, dispositivos electrónicos, y elementos de interés para la causa".
"A partir de la información aportada por los equipos celulares secuestrados –dijeron las fuentes-, surgieron elementos que permitieron establecer que hubo otro intento de atentado contra la vicepresidenta que fue abortado". La hipótesis de ese intento está justificado en un intercambio de conversaciones de WhatsApp entre Uliarte y Sabag Montiel el 27 de agosto pasado, día en el que se produjeron escenas de tensión por la colocación de vallas por orden del Ministerio de Seguridad porteño en torno al departamento de Cristina.
"Se profundiza el análisis de todo el material para determinar participaciones y distintos roles en la planificación del atentado. Los investigadores se concentran (por pedido de la Justicia) en la reconstrucción de los días previos al atentado, con observación pormenorizada de imágenes, comunicaciones y georeferenciación, para intentar establecer circuitos y recorridos, y posibles presencias reiteradas de terceros en torno al domicilio de Juncal y Uruguay", añadieron.
Por el momento, la acusación contra Sabag Montiel y Uliarte es por tentativa de homicidio, ratificaron las mismas fuentes.
En tanto, la Policía Federal Argentina encaró la realización de un perfilado criminal sobre ambos, por pedido de la jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. "Encargamos el trabajo a la Policía Federal que cuenta con uno de los mejores perfiladores de Latinoamérica", indicó una fuente allegada al expediente.
El perfilado criminal realizará un análisis de gran cantidad de imágenes de los ahora detenidos en las inmediaciones a la casa de la vicepresidenta, y concretamente, su gestualidad, movimientos y otros detalles para brindarle un panorama a la Justicia sobre los implicados.
Además, los expertos de la Policía Federal también analizan declaraciones que Sabag Montiel y Uliarte dieron a un medio de comunicación días antes del hecho, donde despotricaron con críticas al Gobierno nacional y su política.
Junto a las imágenes y entrevistas, también se tendrán en cuenta los antecedentes penales y familiares.
Según explicó la fuente, se trata de configurar un perfil criminal que le ayude a la Justicia a comprender el por qué del fallido atentado del 1° de septiembre pasado, cuando Sabag Montiel apuntó y gatillo a la vicepresidenta en Recoleta.

DELITO DE PEDOFILIA
La Justicia porteña investigará si Fernando Sabag Montiel incurrió en el delito de pedofilia a partir de material hallado en la tarjeta de memoria de su teléfono celular, en las que habría más de 120 fotos y videos con menores involucrados en actos sexuales.
Tras una solicitud de la Justicia federal, el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, tomó intervención y el material encontrado en el teléfono del atacante de CFK sería peritado en la justicia porteña por presunta pedofilia. La pericia estará a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDYCI), que se encuentra cargo de Daniela Dupuy.
Ese cuerpo analizará la evidencia que fue remitida por la justicia federal "a los efectos de determinar si efectivamente existe la comisión del delito de explotación sexual infantil subsumido en el artículo 128 del Código Penal", indicó la Justicia porteña. El pedido para que intervengan la Justicia porteña fue elevado por el fiscal federal Carlos Rívolo, que tiene a su cargo la investigación del intento de magnicidio.