Como dato destacado, en el año 2012 ya hubo 44.927 fallos por ajustes en los haberes, en tanto que la ANSeS apeló la mayoría, incumpliendo así con el compromiso asumido ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. Allí había acordado no apelar los fallos favorables a los jubilados que fueran similares a los casos sobre los cuales la Corte Suprema ya se había pronunciado y a desistir de las apelaciones judiciales.

Por otra parte, también se conoció que el Presupuesto de 2013 prevé liquidar unas 25 mil sentencias judiciales (del total de 500.000 que tiene) por parte del Estado, según informó Ismael Bermúdez en el suplemento iEco de Clarín.

Agobiados por la cantidad de expedientes, que se almacenan hasta en pasillos y baños, los jueces apuran el dictado de sentencias, apoyados en la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Las estadísticas del Fuero de la Seguridad Social indican que hasta septiembre los jueces dictaron 40.927 sentencias, un 44% más que en igual período de 2011 y un 135% más que en los 9 primeros meses de 2010. En tanto, las apelaciones a fallos de primera instancia sumaron 34.380 expedientes, en su mayor parte de la ANSeS. Es un 15% más que en igual paso del año pasado.

Por su parte, las nuevas demandas suman 62.751, superando las 62.470 que ingresaron en igual lapso de 2011.

Por las recusaciones de la ANSeS a varios jueces camaristas por el contenido de sus sentencias, la Sala II de la Cámara está prácticamente paralizada, con más de 8.000 expedientes trabados o suspendidos.

Se estima que en lo que va del año la ANSeS lleva canceladas unas 15.000 sentencias, a un promedio de $ 150.000 por sentencia liquidada.

Esta enorme litigiosidad (hay 500.000 juicios acumulados) se incrementó a partir de los fallos de la Corte Suprema que cuestionaron la falta de movilidad de las jubilaciones hasta fines de 2006 (casos Elliff, Badaro, Gemelli y otros).

La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de "acción colectiva" para que la Corte extienda sus fallos a todos los jubilados que estén en condiciones similares al caso Badaro.

El Alto Tribunal pidió un informe económico-financiero a la ANSeS, que hace semanas está en sus manos, para expedirse con mayores fundamentos y solidez económica.