La calidad de la democracia argentina depende del buen funcionamiento de sus instituciones de gobierno, de los partidos políticos y de la participación ciudadana entre otros factores. En este escenario, la República Argentina es un estado federal constituido por 23 Provincias y una Ciudad Autónoma que adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal como se explica en el portal de Casa Rosada. Detalla que es representativa porque gobiernan los representantes del pueblo. Que es republicana pues los representantes son elegidos por el pueblo a través del sufragio y porque existe la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a la vez que se adopta una Constitución escrita. Y es federal porque los estados provinciales conservan su autonomía, a pesar de estar reunidos bajo un gobierno nacional.
Según el manual de lo que debería ser, los tres poderes se controlan unos a otros para garantizar la descentralización del poder. Finalmente, se destaca que el país posee un régimen democrático y sistema de gobierno presidencialista.
El óptimo funcionamiento institucional implicaría aspectos como un Estado eficiente en el manejo de los recursos públicos, con un plan de gobierno parado que excluya conceptos como el "vamos viendo" que define en gran medida a la gestión actual, transparencia en los actos y una rendición de cuentas permanente. 
Ahora bien, no se ha creado aún un sistema de evaluación que permita medir con seriedad la labor legislativa de cada uno de los diputados y senadores nacionales. Tampoco de los legisladores provinciales, como los 69 que trabajan en la Legislatura santafesina. En algunos es necesario rescatar que algunos congresistas presentan informes sobre la actuación parlamentaria, los proyectos que presentaron cada año y las intervenciones en las comisiones que participan o durante las sesiones. Debería existir un protocolo o declaración jurada de cada cámara que deberían completar sus integrantes a final de cada año, de modo de elaborar un informe general para mostrar a toda la sociedad y dejar en un portal sobre calidad legislativa. 
Porque a esta altura la ciudadanía en general, los contribuyentes en particular que con sus impuestos pagan los abultados salarios de funcionarios públicos, diputados o senadores ya sean nacionales o provinciales, deberían exigir una pormenorizada rendición de cuentas. 
Porque financiar ese sistema político tiene un gran costo en la Argentina. Una y otra vez se ha reclamado en esta editorial que cada legislador debería blanquear quienes son sus asesores y cuánto cobran. Debería estar publicado en internet para evitar escándalos como la diputada correntina, denunciada por reclamar un porcentaje de las remuneraciones que percibían sus asesores legislativos. Este tipo de situaciones desdibujan aún más a la clase política y las instituciones. 
Veamos el caso de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe. En un artículo publicado por el periodista Adrián Gerber de diario La Capital, se planteó un paralelismo entre lo que sucede en el territorio santafesino y en el cordobés. En tal sentido, remarca que el Presupuesto aprobado para costear las actividades de los 50 diputados y los 19 senadores santafesinos durante este 2021 es de 7.057 millones de pesos. Se trata de una cifra que, por ejemplo, quintuplica las partidas asignadas para el Ministerio de Cultura. En Córdoba, en tanto, el presupuesto para este año de la Legislatura unicameral que tiene 70 miembros asciende a 1.949 millones de pesos, lo que representa solo el 27 por ciento de los recursos que recibirán ambas cámaras santafesinas. 
El artículo de Gerber detalla que la Cámara de Diputados de Santa Fe tiene una asignación anual de 4.149 millones de pesos, algo así como 350 millones de pesos por mes que se distribuyen entre 50 diputados. En el caso del Senado, cuenta con un presupuesto de 2.907 millones, esto es casi 250 millones mensuales para 19 senadores provinciales. Como consigna el artículo, la Legislatura cuesta 19,3 millones de pesos por día a los santafesinos. 
Como este 2021 es un año electoral, el presupuesto puede no ser suficiente. Es que los legisladores de nuestra Provincia cuentan con fondos para distribuir discrecionalmente en sus territorios, en especial los senadores. En los pasillos, a esas partidas de recursos públicos se la conoce como "cajita feliz" y forma parte de un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo a la hora de facilitar la votación de leyes. 
Bien dice Gerber en su artículo: no se trata de caricaturizar ni demonizar a los legisladores provinciales santafesinos sino todo lo contratio, se busca dar visibilidad a acciones que terminan justamente dinamitando la confianza en la política y el Estado. Poner la lupa sobre el gasto de la Legislatura tampoco apunta a abonar el discurso de la antipolítica sino que intenta poner el foco sobre el buen uso de los dineros públicos y sobre prácticas de ciertos grupos políticos que se mueven con una lógica corporativa. Todo dicho.