La Corte Suprema le pidió al titular del ANSeS Diego Bossio, la semana anterior, que en un plazo de 30 días informe sobre el cumplimiento de las sentencias pendientes de pago en los juicios de jubilados, y sobre el destino de los fondos que administra ese organismo. Lo hizo en el marco de un amparo colectivo iniciado por el Defensor del Pueblo de la Nación contra el Estado nacional, según informó Clarín.

La decisión de la Corte fue firmada el martes 12 por la mañana pero trascendió un día después de que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan de viviendas con fondos que administra la ANSeS. Fuentes de la Corte señalaron que la resolución había sido firmada con anterioridad a ese anuncio, y que es una tema que lleva largo tiempo de debate. Recordaron que, en mayo de 2011, Bossio ya había sido intimado para que presente un informe similar, y que tiempo después -en agosto- el funcionario tuvo una audiencia en la Corte donde dio algunas explicaciones.

DETALLES

En la resolución del martes 12, la Corte le reclamó a Bossio detalles sobre “la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos” para este año y el próximo, así como que informe sobre las “principales inversiones y rendimientos” y “el stock de bonos y letras del tesoro nacional en pesos y en dólares”. Los jueces también le reclamaron que precise “la cantidad de reclamos administrativos pendientes de resolución relacionados con el cálculo del haber inicial y/o con la movilidad de las jubilaciones y pensiones” y el número de “causas judiciales en trámite en las que se reclama un ajuste de la prestación”. La resolución fue firmada por los jueces Lorenzetti, Highton, Maqueda, Petracchi, Fayt y Zaffaroni. No firmó la jueza Carmen Argibay, quien está de licencia por cuestiones de salud.

El año pasado, Bossio había concurrido a una audiencia en la Corte para dar detalles de un informe de 300 páginas presentado ante el Tribunal. En una reunión de una hora, el funcionario explicó a los jueces que el organismo no tiene recursos suficientes para cumplir con los casi 300 mil reclamos de jubilados que pretenden que se aplique al cálculo de actualización que fijó la Corte en fallos como el caso Badaro, firmado en 2007.

Según fuentes del Tribunal, Bossio señaló que la ANSeS "no puede aplicar este fallo en todos los reclamos" -como ordenó reiteradamente la Justicia- por falta de fondos, pero "se comprometió a incrementar el pago de las sentencias". El funcionario reiteró los lineamientos del informe donde aseguró que el costo de extender el fallo Badaro al resto de los jubilados representaría unos 14.000 millones de pesos anuales, más 28.000 millones de retroactivos que se pagarían por única vez. Pero aseguró que estos pagos pondrían a la ANSeS en situación “de riesgo institucional”.