¿Hasta qué punto podemos involucrarnos en denunciar casos de corrupción si después no hay predisposición en los ámbitos de la justicia y de la política para avanzar en las investigaciones ni tampoco para condenar a los responsables en caso de que así corresponda? Si bien puede considerarse que al momento de toparnos con un acto de corrupción constituye un deber ciudadano formular la denuncia, no hay demasiados incentivos para hacer lo que está bien puesto que puede convertirse en un verdadero mal de cabeza.

A propósito de este tema de permanente actualidad en la agenda pública -en todos lados, con mayor o menor fuerza-, se conocieron las conclusiones de un estudio de la organización Transparencia Internacional, el cual sostiene que una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual en América Latina y el Caribe a la vez que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.

El Barómetro Global de la Corrupción, un informe anual confeccionado a partir de entrevistas realizadas con 17.000 ciudadanos de 18 países de América Latina y el Caribe, pone de manifiesto que "más de la mitad" de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen "un mal trabajo" para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxismo. Por ejemplo, según la oenegé, el 91% de los venezolanos "sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción", al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.

Como novedad, el informe de Transparencia Internacional quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como la atención médica y la educación. Según el documento, uno de cada cinco ciudadanos ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya pasado por esa situación, y el 71% de los sondeados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional. Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%).

Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a "reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres" y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.

En otro capítulo del reporte, se consigna que, en total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción de "gran problema", mientras que solo el 13% la ve como un problema menor. La directora General de Transparencia Internacional, Patricia Moreira, sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra. 

La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la realización de un documento de identidad, por ejemplo. Del total de las personas encuestadas, más de una de cada cinco (21%) pagó un soborno para obtener estos servicios. Venezuela es el único país de todos los observados donde la mayoría de los ciudadanos, un 61%, indicó que les habían pedido pagar sobornos, destaca el informe.

Y estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados. Según Transparencia Internacional, a una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera. 

A través de este documento, Transparencia Internacional advierte de que estas prácticas corruptas hacen que la ciudadanía pierda la confianza las instituciones. Así, en Venezuela, donde el 87% de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90% de los ciudadanos afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía. En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones. Además, el 53% de los encuestados cree que la oficina del presidente o del primer ministro y el Parlamento son las instituciones públicas más corruptas.

El problema, recuerda la oenegé, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de corrupción, algo que le sucede al 73% de los encuestados. En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19% cree que puede ser eficaz.

Aún así, el 77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a "canalizar la energía positiva" para "empoderar a la población".