En medio del debate que desde hace tiempo se vienen manteniendo sobre el tema fumigaciones y de los contrapuntos existentes en torno a la distancia que se debe fijar para la línea agronómica, los recientes fallos judiciales vinculados a esta problemática ponen en evidencia la falta de controles que existen sobre este tipo de actividades y la necesidad de corregir una situación que vuelve en vano cualquier discusión de fondo. 

El caso más reciente en la materia sucedió en nuestra región y demandó la intervención de la Justicia local. Sucedió en la localidad de Nuevo Torino, donde a raíz de las denuncias presentadas, se intimó a la Comuna local a cumplir la ordenanza que regula este tipo de actividades.

El juez Civil y Comercial Nº 3 de Rafaela, Omar Amado Saleh, obligó a la Comuna a cesar "en su conducta omisiva de permitir la aplicación de cualquier producto fitosanitario, sin discriminación sobre el grado de toxicidad que ellos puedan presentar, dentro del radio de 100 metros del límite de la planta urbana”.

En este caso, el reclamo del vecino se inició a comienzos de mayo último, “habida cuenta de que los llamados mosquitos (fumigación terrestre) pasan a escasos 7 metros de su vivienda”, ocasionándole una serie de perjuicios en la salud a los miembros de su grupo familiar.

El juez ordenó la extracción de muestras para el análisis, las que fueron enviadas al Laboratorio Central de Servicios Analíticos de la Facultad de Ingeniería Química, de la Universidad Nacional del Litoral, en los que se constató la "concentración de glifosato y Ampa” en distintos niveles.

“Está fuera de duda que la aplicación de productos fitosanitarios tienen la potencialidad de producir perjuicios a los seres humanos y al medio ambiente, lo que surge evidente de las innumerables reglamentaciones que sobre su aplicación existen en todo el territorio nacional y en la propia Comuna de Nuevo Torino, y también que el actor tiene derecho a que su salud y a un medio ambiente sano en el cual desarrollar su vida, sean protegidos”, expresó el juez Saleh en los considerandos.

La novedad del caso estuvo dada en el destinatario de la sanción. La Justicia no actuó sobre los propietarios del campo lindante a la vivienda o sobre los que tuvieron a su cargo la aplicación del producto, como sucedió en el fallo de barrio Ituzaingó Anexo, en la ciudad de Córdoba. Por el contrario, se demandó la presencia de la Comuna local como única forma de garantizar que estas situaciones no se sigan produciendo. 

En este sentido, la Asociación Amigos de la Vida difundió en los últimos días un protocolo elaborado por la red de abogados de pueblos fumigados, donde se deja en claro cómo se tiene que actuar en caso de constatarse una fumigación que viole las normas establecidas. 

En primer lugar, recomiendan denunciar a la policía el presunto daño y exigir la presencia del oficial sumariante a los fines de constatar el hecho y labrar un acta. También será importante que la denuncia contenga datos de fecha, hora, condiciones climáticas, métodos utilizados y vehículos empleados.

Como segundo paso, se debe realizar una denuncia de los episodios ante la Autoridad Municipal por medio de una nota, que deberá contener un relato detallado de los hechos. A su vez, deberá expresar la petición de cese de las fumigaciones, de incremento de los controles, según las circunstancias del caso. Además, se podrán solicitar copias de las recetas agronómicas que autorizan las fumigaciones y que se informe quien es el profesional que tiene a su cargo la autorización referida.

Como se verá, desde el sector ambientalista destacan como un factor muy importante que las autoridades municipales y comunales se acojan a la Ley Nº 25.675 de Protección del Medio Ambiente, demarcando los límites de la planta urbana, registrando a los aplicadores autorizados y actuando en caso de que se esté produciendo una fumigación que no haya sido informada.

La necesidad de contar con una mayor intervención del Estado, parece ser el único punto donde ambientalistas y productores parecen coincidir. De nada servirá ampliar o disminuir la cantidad de metros de prohibición sino se hacen más presentes los controles. A fin de cuentas, la única posibilidad de cuidar la salud de la gente.